Trabajo comunitario para "La Parce" desata polémicas

El Sistema Penitenciario presentó una denuncia por el presunto delito de corrupción, relacionada con la emisión del visto bueno de la junta técnica que permitió trabajo comunitario a favor de Katherine Carvalho, conocida como “La Parce”.

Carvalho, propietaria de los salones de belleza Donde La Parce, tiene una condena en prisión tras ser declarada culpable por blanqueo de capitales. 

La autorización fue otorgada apenas 25 días calendario después de su ingreso al centro penal, un plazo que se aleja de lo que vive la mayoría de la población penitenciaria y de los tiempos habituales establecidos por la normativa.

Esta acción abre preguntas sobre posible trato preferencial y el respeto a los procedimientos legales.

Ante estos indicios, el caso fue remitido a las autoridades competentes, que ahora deberán determinar si hubo irregularidades administrativas o responsabilidades penales en la tramitación del beneficio.

Hasta el momento, el Sistema Penitenciario no ha revelado nombres de funcionarios involucrados, ni ha informado qué medidas se han tomado mientras avanzan las investigaciones. 

En sentido, Dinoska Montalvo, Ministra de Gobierno, aclaró que "el Sistema Penitenciario no otorga trabajo comunitario, solo los jueces". 

"La situación con la señora en mención ocurrió hace como 2 meses, estando privada de libertad y en un operativo se le encontraron objetos prohibidos por lo que se mantiene una denuncia en el Ministerio Público", añadió.

"El trabajo comunitario que le otorgaron recién fue un trámite de sus abogados ante el Órgano Judicial, no por el Sistema Penitenciario", insistió Montalvo.

El proceso sigue, y las respuestas aún no llegan.

Condena por blanqueo

En audiencia de apelación realizada el 11 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión que le permitía sustituir la pena por trabajo comunitario, acogiendo la solicitud de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. 

Durante el proceso se reveló que la red ligada a Carvalho movió más de 5.1 millones de dólares entre 2020 y 2022, y habría blanqueado más de 7 millones usando como fachada una cadena de 15 salones de belleza.

Como parte del acuerdo de pena, el Estado decomisó bienes valorados en 3.3 millones de dólares, incluyendo propiedades, efectivo y fondos bancarios, que serán subastados o ya ingresaron al Tesoro Nacional. 

Aunque los salones siguen operando por trámites administrativos pendientes, el tribunal ordenó la disolución de la sociedad mercantil y una fundación vinculada, además de imponer multas.