Casos sin resolución buscarían atemorizar
Exfuncionarios y miembros de la oposición han denunciado un manejo político y no jurídico en los casos que se mantienen abiertos en la Corte.
Según los opositores se ha observado un manejo político y no jurídico de mantener los casos abiertos. Archivo
El sistema de justicia panameño ha demostrado que puede ser objeto de manipulación política hasta el punto de convertirse en una herramienta de persecución.
Así coinciden miembros de la oposición y juristas que evaluaron la labor del Ministerio Público (MP) y el Órgano Judicial frente a sus decisiones polémicas.
Este es el caso del exministro de Seguridad Pública y precandidato presidencial por el partido Cambio Democrático (CD), José Raúl Mulino, quien reiteró que existe un amparo de garantías ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual no se ha notificado por los magistrados, pese a la nulidad del caso de los radares.
"Me adelanto a decirlo, porque me preocupa cualquier intento de manipulación fuera de la CSJ que ha fallado en derecho. Espero terminen con patraña", dijo el opositor y crítico de la administración de Juan Carlos Varela.
Se trata de un amparo de garantías a la decisión del Segundo Tribunal Superior que avaló la nulidad de una investigación de la Fiscalía Tercera Anticorrupción.
En ese fallo fue revocada la decisión del juez quinto del circuito, Enrique Paniza, que había anulado parcialmente el expediente que instruía la Fiscalía Tercera Anticorrupción.
Sin embargo, ha pasado más de un año y la Corte no se ha pronunciado, como usualmente se tramitan este tipo de decisiones.
Ante esto, conocedores del derecho como el abogado y exviceministro de Gobierno Alejandro Pérez, sostiene que estamos ante un caso donde al final el Gobierno pagó por los radares de la empresa Selex y se comprobó su inocencia.
"Esto es una persecución política e inventan cualquier cosa para usarse como espada de Damócles contra una persona como José Raúl Mulino, que es un precandidato presidencial", denunció el jurista.
Sostuvo que es parte de una estrategia política en medio de un sistema de justicia que está controlado por el Órgano Judicial y no se contemplan las decisiones basadas en derecho, con tal de seguir persiguiendo.
En este sentido, la presidenta encargada del partido Cambio Democrático, Alma Cortés, señaló que en el caso de Mulino, como en muchos otros, se ha observado un manejo político y no jurídico de "mantener los casos abiertos".
La exministra de Trabajo afirmó que se ha dado órdenes de no darle curso a los recursos de opositores, y aplicar una demora premeditada para mantener a los dirigentes sometidos al temor de que se reactiven los casos.
"Fue lo que ocurrió con el exministro de Finanzas Frank De Lima, quien criticó objetivamente cómo andamos mal económicamente y los desaciertos de este Gobierno, además de no estar cumpliendo su promesa sobre los impuesto, y grabar las propiedades adquiridas por herencias", afirmó Cortés.
En el caso del exministro de Finanzas, fue detenido por una denuncia anónima, pero su familia ha cuestionado "que Frank De Lima está preso en la DIJ por su discurso crítico hacia este Gobierno. No quieren oposición".
La abogada Cortés indicó que hay conocimiento de que se quiere acallar a la oposición armando nuevos casos, porque la línea es no permitir que Cambio Democrático sea una oferta electoral para el 2019.