Guyana demandará a Panamá en reclamo de pago millonario

El gobierno de Guayana anunció ayer que procederá a establecer una demanda de arbitraje internacional contra el gobierno de Panamá, señalando que le adeuda desde 2014 más de 5 millones de dólares en venta de arroz.

Las compras se dieron bajo la gestión del expresidente de Juan Carlos Varela y el ex director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Eduardo Carles.

Ayer, el fiscal general de Guyana, Anil Nandlall, anunció que se está preparando para presentar una acción legal ante la Cámara Internacional de Arbitraje en Francia, en un intento por recuperar los más de millones de dólares adeudados por el gobierno panameño a los molineros de arroz de ese país.

"Nuestro gobierno ahora se ve obligado a presentar procedimientos en la Cámara Internacional de Arbitraje de Francia para recuperar esta deuda", dijo Nandlall según publicaciones surgidas en Guayana.

Incluso el ministro de Asuntos Jurídicos de Guayana hizo la divulgación en su programa de transmisión semanal "Temas en las noticias" que se transmitió en vivo en Facebook.

Durante la gestión de Varela se abrió paso a las importaciones de arroz de Guyana, afectando fuertemente a la producción nacional. Incluso se señaló que detrás de estas masivas importaciones había negocios de personas vinculadas al expresidente Varela.

Todo a través de un memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Agricultura que firmó Varela con Guyana en el primer mes de haber asumido como presidente en 2014.

Cada compra bajo este acuerdo era de mil quintales, y el Gobierno de Guyana informó en su momento que el gobierno de Panamá pagaba por encima del precio local que ellos le tenían al arroz.

"En general, las transacciones se realizan a través de una carta de crédito establecida. El mercado panameño ofrece un aumento del 30% en el precio del arroz, pero dado el acuerdo existente y el hecho de que no es una carta irrevocable del contrato de crédito, los molineros evidentemente quieren disfrutar de ambos lados de la moneda", dijo el Gobierno de Guyana en un comunicado dirigido a sus productores en 2017.

En ese entonces, la Contraloría abrió una investigación por la incineración de un lote de arroz procedente de Guyana en el puerto de Manzanillo, decretando una lesión patrimonial de 6.5 millones de dólares.

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