Costo político: el cuco de toda reforma
Cualquier reforma impopular puede traducirse en pérdida de apoyo electoral, por eso muchos gobiernos suelen evitar hacer cambios que impliquen consecuencias políticas, económicas y sociales. Ese ha sido el caso de muchos países y Panamá no escapa a esta realidad, sobre todo debido a la presión ejercida por grupos cuyo trasfondo siempre es el político.
Aunque nuestras anteriores autoridades sabían que las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social eran necesarias para garantizar su sostenibilidad, prefirieron postergarlo por décadas. Pese a las terribles consecuencias de una crisis más profunda, optaron por postergar el problema y dejarlo a futuros gobiernos.
"Esa es la decisión que tomaron los que me precedieron, pues tristemente para los políticos tiene más valor la popularidad de una encuesta que la salud de todo un país", dijo el Presidente José Raúl Mulino al sancionar la reformada ley.
En el mundo entero, la seguridad social es un tema muy sensible porque afecta directamente a millones de ciudadanos, especialmente a jubilados y trabajadores.
Las leyes de seguridad social deben ser revisadas periódicamente, porque las economías cambian, como también la demografía, por eso suelen implicar modificaciones en la edad de jubilación, el monto de las pensiones o el financiamiento, lo que en consecuencia genera resistencia de la población.
Los sistemas de seguridad social son grandes y complejos, por lo que cualquier cambio requiere estudios técnicos, viabilidad financiera y consenso político, puesto que reformas mal diseñadas pueden generar más problemas que soluciones.
De acuerdo al propio mandatario, "esta ley no es perfecta, pero es mejor que la que teníamos".
El proyecto estuvo en discusión, debate e interpretación durante 128 días. Se hicieron amplias consultas en todo el territorio nacional, centenas de panameños dieron su opinión y hubo tres debates como manda la Constitución.
Pero existen grupos que no aportaron ideas y hoy ejercen presión para que no se haga ningún cambio. Se oponen a toda iniciativa de los gobernantes de turno, independientemente de quién esté en el poder y el tema que sea, lo adversan, históricamente sin argumentos válidos, para crear la presión, inestabilidad y desasosiego que lleven a las autoridades a ceder a favor de sus intereses.
Estos grupos se han constituido por décadas en los principales obstáculos para cualquier cambio o reforma que amenace su zona de confort.
Los sindicatos y organizaciones se encargan de diseminar el temor colectivo porque aseguran (sin pruebas válidas) que las reformas significan perder derechos adquiridos, como la edad de jubilación actual o beneficios garantizados.
Usan medidas como marchas, huelgas, protestas, y cierres de calle, para presionar políticamente a los gobiernos.
En Francia, cada intento de aumentar la edad de jubilación ha generado huelgas masivas organizadas por sindicatos. Se oponen a reformas que aumenten la edad de retiro, reduzcan las pensiones o cambien el sistema de aportes.
En Chile, los jubilados han protestado contra el sistema de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) exigiendo mejores pensiones y en Brasil, las reformas al sistema de pensiones han sido postergadas por presión política y miedo a perder elecciones.
El Presidente de la República dijo que "lo fácil hubiese sido negociar con quienes, por acción u omisión, fueron cómplices de la debacle de la institución" refiriéndose a partidos como el PRD, que piensa únicamente en las elecciones y no quiere perder votos por apoyar cambios controvertidos.
Recientemente, varios países han implementado reformas en sus sistemas de seguridad social para enfrentar desafíos como la sostenibilidad financiera, la cobertura y la suficiencia de las pensiones.
En 2023, Uruguay elevó la edad de jubilación de 60 a 65 años, buscando garantizar la sostenibilidad del sistema. Esta medida enfrentó resistencia social, pero se consideró necesaria para adaptarse al envejecimiento poblacional.
En 2024, Perú promulgó la "Ley de Modernización del Sistema Previsional", que introdujo medidas para fortalecer el ahorro previsional, la afiliación obligatoria desde los 18 años, la cotización por consumo, aportes obligatorios progresivos para trabajadores independientes y una pensión mínima garantizada en el sistema privado de pensiones.
México creó el "Fondo de Pensiones para el Bienestar", destinado a complementar las pensiones de trabajadores afiliados al régimen de capitalización individual, para que quienes ganen menos del salario mensual promedio obtengan una pensión equivalente al 100% de su último ingreso.
El Salvador implementó reformas significativas en su sistema de cuentas individuales de jubilación. Se aumentaron las tasas de cotización del empleador del 7,75% al 8,75%, se eliminaron los retiros anticipados y se fijó una pensión de ancianidad mensual máxima. Además, se incrementaron las pensiones de ancianidad actuales en un 30% y se redujeron las tasas administrativas del 1,9% al 1%.
Costa Rica reformó su sistema de pensiones (IVM), eliminando la jubilación anticipada para los hombres. Aunque su modelo universal enfrenta problemas de sostenibilidad, se busca atraer a los trabajadores informales, quienes representan el 40% del empleo.
Colombia aprobó una reforma que entrará en vigor en 2025, que busca ampliar la cobertura de pensiones del 24% al 87% para 2052 e introduce un sistema mixto con cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Sin embargo, la alta informalidad laboral (50%) y la brecha de género son desafíos persistentes.
En conclusión, muchos gobiernos piensan en períodos electorales y evitan tomar decisiones que tengan costos políticos, pero en estos países, esas reformas reflejan los esfuerzos de por adaptar sus sistemas de seguridad social a las realidades económicas y demográficas actuales, buscando mejorar la cobertura y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
Para lograr cambios, los gobiernos necesitan construir consensos y enfrentar la resistencia con estrategias claras frente a grupos de poder que bloquean o retrasan reformas porque defienden sus propios intereses.
Que no nos quepan dudas, hoy Panamá no le teme al cuco de toda reforma y da un importante paso hacia la sostenibilidad del sistema de seguridad social, con una visión de largo plazo, para preservar a sus futuras generaciones.