La hora del chantaje

Pasado el remanso del Mundial de Fútbol, el país retoma su agenda cotidiana.

Grandes decisiones nos aguardan y los defensores de la ampliación del Canal volverán a cruzar espadas dialécticas con los que se oponen.

Tanto la defensa del proyecto como su oposición a éste, son actitudes legítimas en un sistema democrático, cuya principal característica no es ni siquiera el sufragio, sino el carácter deliberativo de su proceso decisorio.

Sabemos que en ambos bandos no operan sólo los intereses puros y elevados del acendrado patriotismo.

En una y otra parte también hay intereses más mezquinos entre las motivaciones, esa es la complejidad de la naturaleza humana.

Lo que es absolutamente deleznable es la actitud de algunos sectores y gremios de pretender chantajear al Gobierno Nacional con el tema del referéndum.

Algunos han sido tan cínicos como para declararlo abiertamente y han dicho que si el Gobierno no satisface tal o cual demanda, ellos votarán "No" en la consulta popular.

Muy mal hacen esos dirigentes que no pueden defender su causa con argumentos racionales y de justicia por lo que tienen que recurrir al recurso más bajo e inmoral de la extorsión política.

Peor haría el Gobierno si sucumbe al chantaje de estos grupos.

Así como el proyecto de ampliación del Canal debe evaluarse por sus propios méritos y deméritos, así mismo debe el Gobierno evaluar las peticiones que se le presenten.

Si la demanda es justa, el Gobierno debe poder evaluarla también por sus propios méritos después del referéndum, independientemente del resultado del mismo.

Si la petición es injusta debe rechazarse sin contemplaciones.

El pueblo sabrá distinguir a los dirigentes responsables de los demagogos y, sobre todo, de aquellos cuya causa sólo puede ser lograda a través de la conducta inmoral.

El chantaje político no es aceptable y un Gobierno que no lo sepa enfrentar no se hará más popular.

Conocerá las solicitudes de cualquier Estado miembro de las controversias que se susciten entre ellos.

Se exceptúan las fronterizas, territoriales y marítimas, para las cuales se requiere de la solicitud de todos los miembros.

Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos que los asuntos que las partes le hayan solicitado.

Actuar como tribunal de consulta competente de las cortes supremas de justicia de los Estados.

Conocer las controversias que surjan entre un estado centroamericano y otro que no lo sea.

La actual junta directiva de la Corte Centroamericana de Justicia está integrada por seis magistrados.

El presidente es Carlos Guerra Gallardo, de Nicaragua.

Su vicepresidente es el hondureño, Francisco Darío Lobo.

Los otros integrantes del organismo jurídico son: Alejandro Gómez Vides y Ricardo Acevedo Peralta, de El Salvador y Silvia Rosales Bolaños y César Vega Masís, ambos de Nicaragua.