Trabajadores de Feria de La Chorrera llevan cinco quincenas sin cobrar
La acción de secuestro ejecutada por la Tesorería Municipal de La Chorrera a las cuentas bancarias de la Feria Internacional de La Chorrera (Ficho) mantiene a un grupo de trabajadores, sin poder devengar sus salarios.
Afectados económicamente. Foto: Eric A. Montenegro.
La acción judicial mantiene además suspendidos los pagos a un grupo de empresas y empleados contratados de forma temporal durante el evento ferial y según Vallys Carrera, con 20 años de laborar en la Ficho, varios compañeros con cirugías programadas han debido suspenderlas al no contar con las fichas de seguro social.
Aseguró además que ya completan cinco quincenas sin poder recibir sus salarios lo que implica no poder hacer frente a sus compromisos con entidades bancarias y servicios básicos.
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Este martes, los empleados de la Ficho solicitaron la intervención del Consejo Municipal para buscar una puerta de salida que permita levantar el secuestro de las cuentas bancarias. La Tesorería municipal mantiene secuestrados 143 mil dólares de la Ficho, depositados en el Banco Nacional de Panamá (BNP).
El secuestro fue realizado debido a la morosidad de 298 mil dólares adeudados por la renta de los terrenos donde se efectúa el evento, dijo René Hernández, tesorero municipal. En tanto, Cristóbal Afú, abogado de los trabajadores, dijo que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) citó a la administración de la Ficho y a la administración municipal.
La intención es poder llegar a una mediación colectiva que facilite el pago de los salarios adeudados o la liquidación de todo el personal. Los cálculos de prestaciones laborales, dijo el jurista, suman 30 mil 234 dólares en tanto que el pago a los empleados temporales alcanza los 30 mil 744 dólares sin sumar lo adeudado al contratista.
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Afú, afirmó que los trabajadores de la Ficho seguirán con su reclamo laboral e incluso a efectuar acciones para recaudar fondos que les permitan subsistir. Los concejales por su parte coincidieron en que el reclamo de los trabajadores es eminentemente jurídico y debe ser resuelto por la administración municipal.