Central de Transportistas defiende su contrato para terminal de Aguadulce
La Central de Transportistas de Aguadulce destaca que el pasado 16 de septiembre, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) les informó que, "como medida preparatoria", ordenó la suspensión de la operación de la Terminal de Transporte Público de Aguadulce a la sociedad ON D'GO Aguadulce Gran Terminal para verificar que esta cumpla con las leyes y normas vigentes sobre transporte.
Existe polémica por los derechos de la terminal de Aguadulce.
La Central de Transportistas de Aguadulce S.A. asegura que ha cumplido con todas las normas legales y cuenta con un contrato de concesión, fianza de cumplimiento, además de que su diseño de la terminal cumple con los parámetros legales y de operación para albergar a toda la flota vehicular de buses colectivos y selectivos del distrito.
En una nota enviada a Panamá América, sostiene que desde el pasado 12 de febrero cuenta con un contrato debidamente refrendado por la Contraloría de la República.
Destaca que el pasado 16 de septiembre, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) les informó que, "como medida preparatoria", ordenó la suspensión de la operación de la Terminal de Transporte Público de Aguadulce a la sociedad ON D'GO Aguadulce Gran Terminal para verificar que esta cumpla con las leyes y normas vigentes sobre transporte.
"Somos el único proyecto de terminal de transporte en la provincia de Coclé que cuenta con un contrato de concesión administrativa refrendado por el Estado, y nos convertimos en la primera terminal legalmente constituida, luego de las reformas de la Ley 34 de 28 de julio de 1999 y la entrada en vigencia del decreto 545 del 8 de octubre de 2003", destaca en su nota enviada a este medio.
Agrega la Central de Transportistas de Aguadulce que en consecuencia ha presentado los recursos legales pertinentes para garantizar su inversión.
Cita entre sus argumentos legales la Ley 34 de 1999 que le permite a la ATTT aprobar la ubicación de las estaciones de transporte y a cambiar el lugar, por interés público, lo cual debe ser acatado por los concesionarios y transportistas en un plazo no mayor de seis meses.
La Central destaca que su contrato de concesión fue refrendado el 12 de febrero pasado, por lo que ya han pasado los seis meses que establecen las normas legales.
También recuerda la Central que las normas legales vigentes advierten que una vez aprobada la construcción y concesión, las partes asumen deberes y derechos.
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