Gobierno aprueba proyecto de ley para reformar el sector eléctrico: multas aumentarán y la ASEP podrá intervenir empresas
El Gobierno aprobó el proyecto que reforma la Ley 3 de 1997 del sector eléctrico, elevando multas a $20 millones y permitiendo la intervención de la ASEP.
Gobierno aprueba proyecto de ley para reformar el sector eléctrico: multas aumentarán y la ASEP podrá intervenir empresas
El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 83-26, mediante la cual autoriza al Ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional la propuesta de ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 3 de febrero de 1997, reformando de manera integral el marco regulatorio del servicio público de electricidad en Panamá.
La iniciativa, alineada con las directrices del presidente José Raúl Mulino, responde a las constantes reclamos ciudadanos por apagones, fluctuaciones de voltaje, daños en electrodomésticos y demoras en el reconocimiento de indemnizaciones a los usuarios.
El proyecto de ley introduce un régimen disciplinario más severo para las empresas de distribución y comercialización de energía, elevando drásticamente el techo financiero de las penalizaciones en beneficio de los clientes finales.
Además de endurecer el marco de fiscalización, el proyecto contempla la modernización obligatoria del sistema eléctrico nacional mediante la instalación de redes inteligentes (smart grids), la actualización de los sistemas de medición y la fijación de compromisos de inversión obligatorios para las concesionarias.
Asimismo, la Administradora General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, destacó el impacto social de la reforma en la cobertura eléctrica nacional.
"Unas 150 mil familias que hoy día no cuentan con el servicio podrán tener acceso a energía eléctrica al incluirse la electrificación rural no rentable como una obligación inherente a la actividad de distribución", señaló Rodríguez.
En cuanto a la estructura del mercado energético, la propuesta establece salvaguardas para prevenir la concentración excesiva, garantizar una competencia real en la venta del paquete mayoritario de acciones de las distribuidoras y fijar reglas más claras para los futuros contratos de concesión.