Corte inicia "linchamiento mediático" en el proceso contra Martinelli

Abogados del expresidente Ricardo Martinelli, Carlos Carillo y Rogelio Cruz denunciaron este lunes que en el Ministerio Público hay una justicia selectiva e irregularidades en el proceso que se le sigue a su cliente. Cruz indicó que la Corte Suprema de Justicia inició un "linchamiento mediático" en el proceso contra su cliente. "Cuando la Corte dio a conocer que iba a iniciar un proceso de investigación en contra de Ricardo Martinelli nunca debió mencionar su nombre porque eso consitutye un delito", sostuvo. Explicó que en el Código Procesal Penal del Sistema Acusatorio, que se aprobó en el 2008 en su artículo 274 dice lo siguiente: Durante la fase de investigación el estado de inocencia del investigado se obliga a guardar el nombre que permita su identificación o vinvulación con el delito que se investiga hasta que se formule la imputación.  "Eso es un derecho fundamental de toda persona acusada de una comidión de delito y sino se le respeta el Estado es responsable por esa violación", manifestó el jurista.  Por su parte, Carrillo dijo que no se le puede vender a las personas que Martinelli es culpable ni muchos menos que los medios publiquen cosas que solo aparecen en el expediente. "Decir que Martinelli es culpable es una acusación política el Ministerio Público que vicea el proceso", añadió. CIDH admite demanda de Martinelli  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) admitió la demanda que interpuso el expresidente de la República Ricardo Martinelli contra el Estado panameño. El abogado de Martinelli, Sidney Sittón Ureta, señaló que la información fue confirmada por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. Esta demanda contra el Estado panameño es por múltiples violaciones a los derechos humanos consignados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El exmandatario es investigado por la Corte Suprema de Justicia por dos casos: el supuesto sobrecosto en un contrato por 45 millones de dólares en la compra de comida deshidratada para escuelas del país y el otro por el presunto delito contra el derecho a la intimidad y asociación ilícita, informó este lunes el propio Tribunal.