Nueve políticos panameños asesinados en cuatro años

El asesinato de un representante de corregimiento y de un candidato a vicealcalde, han hecho sonar las alarmas sobre los niveles de violencia que actualmente se viven en Panamá y que tocan directamente a la clase política del país.

En los últimos cuatro años, Panamá ha sido escenario de, al menos, nueve hechos se sangre, en donde han perdido la vida alguna autoridad electa o aspirante, algún puesto de elección popular, así como activistas o promotores políticos.

El último asesinato de un miembro de la clase política panameña se registró la noche del pasado 14 de noviembre, cuando el candidato a vicealcalde de La Chorrera, Jorge "Chipi" Franco, perdiera la vida, luego de recibir varios disparos cerca a un local comercial en La Mitra, corregimiento de Playa Leona.

Según las primeras informaciones indican que Franco llegaba a su residencia, cuando sujetos le dispararon por la espalda.

El político fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás Solano, donde falleció.

Hasta la fecha, aún no se da con la captura de la o las personas que acabaron con la vida de "Chipi" Franco.

Tres días antes de la muerte de Franco, es decir, el 11 de noviembre, la clase política del país fue teñida otra vez de sangre, esta vez por el asesinato a tiros del expresentante del corregimiento de Belisario Porras, César "Pele" Caballero.

Caballero era miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El también expresidente del Consejo Municipal de San Miguelito estaba a punto de abordar un auto en su casa, cuando fue atacado por sus verdugos que, llegaron en un auto, dispararon varias veces contra él y se dieron a la fuga.

"Pele", como era conocido, fue llevado al cuarto de urgencias de la policlínica Generoso Guardia de Alcalde Díaz, donde se dictaminó su muerte.

El 25 de julio de 2023, Mario Alberto Hughes, precandidato a representante del oficialista PRD, por el corregimiento de Limón, en el distrito de Colón, murió tras recibir una herida de bala en su abdomen.

El 9 de febrero de 2021, el exdiputado del PRD, Diógenes "Yoyi" Vergara, fue asesinado a tiros, en la vía principal de Cabra.

El político se encontraba en el taller reparando una llanta de su vehículo cuando dos sujetos lo sorprendieron y le dispararon a quemarropa, muriendo de forma instantánea.

El 1 de enero de ese mismo año, Oriel Acosta, de 36 años, representante suplente del corregimiento de Palmira, en el distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, fue asesinado al recibir una herida con un objeto punzocortante.

Una persona se le acercó para felicitarlo con un abrazo y luego de esto le propinó una puñalada.

Mientras que el 14 de noviembre de 2021, Agustín Lara, excandidato a diputado y quien era el subdirector del registro público en ese momento, fue ultimado de varios disparos en medio de una actividad política en los Andes.

El 27 de agosto del año 2020, Wendy Rodríguez, dirigente del Frente Femenino del PRD, fue asesinada de varios disparos, esto al ser interceptada por sus verdugos cuando transitaba Corredor Sur.

Por este hecho, dos personas fueron condenadas por un Tribunal de Juicio.

En tanto, el 31 de marzo el año 2019, el candidato por libre postulación, Fidel Álvarez, fue ultimado en el cuadro de fútbol del sector de Rana de Oro, en el corregimiento de Pedregal.

Álvarez recibió varios impactos de bala, por lo que fue llevado a la Policlínica Dr. J.J. Vallarino, en Juan Díaz, donde falleció.

Ese mismo día, también fue asesinada la activista política del Partido Panameñista, Norma Cerrud, de 45 años de edad.

Cerrud fue asesinada junto a madre y su pequeña hija con arma blanca en el Residencial El Tecal, corregimiento de Vista Alegre.

Para Isaac Brawerman, experto en temas de seguridad, no es ninguna sorpresa que en el pasado se haya tenido funcionarios públicos envueltos en temas de crimen organizado.

Con esto, el experto no quiere decir que los asesinados en los últimos días estén involucrados en este tipo de actos ilícitos.

Brawerman comentó que las autoridades judiciales deben hacer sus actos de investigación y tratar de dar con personas de alto perfil o perfil político que estén ligados a este tipo de actividades ilegales.

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