Defensor del pueblo

Entre las instituciones que establece la Constitución, la más irrelevante parece ser la Defensoría del Pueblo, a cargo de un comisionado parlamentario con la función de defender los derechos humanos.

Pero Manuel Páez Monges, defensor del pueblo, ha demostrado que no es tan irrelevante al censurar públicamente los nuevos impuestos que pretende crear el Gobierno para satisfacer al FMI.

Difícilmente pudo hacer más honor a su cargo.

Páez Monges salió en defensa de los derechos humanos al oponerse a nuevos impuestos que pagarán los mismos contribuyentes.

Lo que el Gobierno debe lograr -explicó- es el cumplimiento de los tributos vigentes (se estima que la evasión llega al 70%) y no crear nuevas cargas como el Impuesto a la Renta Personal (IRP), que no mejorará la recaudación.

Además, reivindicó el derecho de cada paraguayo de acceder al progreso, lo que se dificultará con el IRP.

El IRP viola el derecho fundamental de los ciudadanos a disponer del fruto de su esfuerzo.

Los trabajadores, en lugar de ahorrar e invertir lo que les resta de sus ingresos, luego de alimentar y vestir a sus familias, tendrán que aportar al fisco un diezmo (10%) injusto y sumamente nocivo para la economía.

En un principio, aportarán al IRP los que tienen ingresos de más de 10 salarios mínimos.

Pero en un plazo de cinco años este límite bajará a tres salarios mínimos.

Para los que observan el proceso político resulta obvio que en poco tiempo el IRP alcanzará a todos los asalariados, incluidos humildes maestras y funcionarios que apenas perciben el salario mínimo y las tasas irán en aumento.

Los políticos simplemente no pueden hacer austeridad, como se evidencia en el Presupuesto 2004, y para solventar el derroche, no tienen otra solución que incrementar los impuestos que agobian a la población.

Entre los distintos impuestos, todos los cuales frenan la producción, el IRP es el más perjudicial porque castiga el esfuerzo personal de los más productivos, confiscándoles sus ganancias y ahorros.

En lugar de penalizar a los que consumen la riqueza, como lo hace el IVA y los impuestos al consumo, el IRP penaliza a los que producen la riqueza y penaliza con más fuerza a los que más se esfuerzan, ahorran e invierten.

Pero si el IRP es tan nocivo, ¿por qué lo utilizan los países ricos? Porque el daño que les ocasiona es mucho menor que a los países pobres que para crecer y prosperar necesitan del ahorro y la inversión.

Los países ricos ya tienen suficiente acumulación de capital.

El aumento de la inversión de capitales por habitante es el que impide el IRP, con lo que se eterniza el atraso.

La izquierda, que espera que el IRP promueva la justicia social y una mejor distribución de la riqueza, dado que obligará a tributar más a los que más tienen, se equivoca grande.

El IRP no afecta al patrimonio de los ricos, sino al esfuerzo productivo del que trabaja y ahorra para su futuro y el de sus hijos, pues grava los ingresos, no el patrimonio.

También se equivocan los que creen que el IRP, si bien limitará la libertad individual, acabará la informalidad y corrupción, dado que todos los años la gente tendrá que presentar una declaración jurada de sus ingresos, gastos y patrimonios.

Por el contrario, el IRP podría traer un auge de corrupción en Hacienda y hacer del lavado de dinero una nueva y próspera industria que permitirá disfrazar los ingresos de fuentes ilegales.

El enriquecimiento de gobernantes y amigos que ha convertido a Paraguay en el país más corrupto de Sudamérica no aparecerá en las declaraciones juradas del IRP, sino en cuentas corrientes del exterior y en las inversiones ficticias creadas por la industria del lavado de dinero.

En EE.

UU.

, la máxima tecnología en el control del IRP no ha servido de nada contra el narcotráfico que mueve billones de dólares en la economía.

Las declaraciones juradas de rentas y patrimonios que por ley deben hacer todos los funcionarios nunca detectaron un solo caso de enriquecimiento ilícito.

Si no han podido controlar 300 declaraciones de altos funcionarios, ¿cómo controlarán 50,000 declaraciones del IRP todos los años? Lo más probable es que el IRP fortalezca el clientelismo y cree un poderoso organismo para perseguir a los opositores de los gobiernos de turno.

Los que piensan ceder sus libertades para lograr supuestos beneficios como la justicia social o la lucha contra la corrupción no tendrán ni lo uno ni lo otro.

* Corresponsal de AIPE y presidente del Foro Libertario.

(c) www.

aipenet.

com