Diputados piden veto parcial a proyecto de ley de Contrataciones Públicas
El debate se centró en el artículo 12 del proyecto, ya que algunos diputados independientes y de oposición señalaron que el mismo permite a empresas que han estado envueltas en supuestos actos de corrupción contratar con el Estado.
El presidente Laurentino Cortizo debe evaluar si aprueba o veta parcialmente esta ley.
La Asamblea Nacional aprobó ayer, en tercer debate, el proyecto de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas.
Como fue la tónica, el debate se centró en el artículo 12 del proyecto, ya que algunos diputados independientes y de oposición señalaron que el mismo permite a empresas que han estado envueltas en supuestos actos de corrupción contratar con el Estado.
El diputado Gabriel Silva está de acuerdo con algunos puntos del proyecto, sin embargo, reiteró su rechazo a que se le permita a empresas corruptas contratar con el Gobierno.
"Pedimos al presidente Laurentino Cortizo que vete parcialmente este proyecto de ley", indicó Silva, quien añadió que la bancada independiente es de la postura de que el Estado no puede seguir contratando empresas corruptas.
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Julio Mendoza, del PRD, señaló que es evidente que tomar las decisiones correctas tiene sus consecuencias, por lo que está en poder de Cortizo vetar el artículo 12 del proyecto.
Por su parte, el diputado del PRD, Luis Cruz, señaló que pareciera que hay algunos diputados que pareciera que no se han leído este proyecto de ley.
Cruz fue claro en señalar que el polémico artículo 12 de este proyecto ley señala que aquellas empresas que envueltas en actos de corrupción que hayan hecho acuerdo de pena no pueden volver a contratar con el Estado.
También señaló que personas que hayan sido miembros o directivos de esas empresas y crean otra compañía tampoco pueden contratar con el Gobierno.
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Por su parte, Benicio Robinson, le recordó al diputado Panameñista Luis Ernesto Carles, que durante el gobierno pasado se creo el proyecto de ley 305 que reformaba la ley de Contrataciones Publicas, que no permitía a empresas corruptas contratar con el Estado y fue precisamente el expresidente Juan Carlos Varela quien la vetó.
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