Manipulación externa exige nulidad de casos

Documentación oficial que se hace pública, recientemente, confirma que el presidente Juan Carlos Varela, una vez asumió el poder en 2014, puso en ejecución un plan de venganza y persecución en contra de adversarios, valiéndose de artimañas para "armar" y disfrazar de ropaje legal, expedientes, algunos de los cuales "ya se han caído" y el resto que está en dicho proceso.

Para ello se valió de copartidarios, funcionarios, abogados, fiscales y militares, todos concentrados en una "organización criminal", tal como le denomina y ha denunciado el abogado Sidney Sittón.

Al frente de esta agrupación, bautizada en clave con el nombre de "La Taquilla", Juan CarlosVarela puso como "coordinadores" al jefe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, y a su abogado personal, Rogelio Saltarín, a quien todavía lo mantiene dentro de la lista de 20 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Varela tenía una misión especial para Rogelio Saltarín, para lo cual premió a su firma (Saltarín, Arias & Asociados, Auditores Jurídicos) con un jugoso y polémico contrato por más de 385 mil dólares, tramitado bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia.

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De hecho, en mayo de 2018, Panamá América reveló el contrato N.° 16/20/15 para una "consultoría externa" por 18 meses.

Se lee en el documento del contrato que el objetivo del "consultor" era prestar sus servicios de asesoría, no solo a la Presidencia, sino a "cualesquiera otros ministerios o entidades del Estado, con énfasis en asesoría en materia penal".

En su relación particular con el Ministerio Público (MP), Saltarín estaría encargado de dar "seguimiento de los sumarios que se instruyen contra exfuncionarios y particulares por delitos contra la Administración Pública y Blanqueo de Capitales".

Para completar su misión de investigación penal, Juan Carlos Varela le concedió a su abogado Rogelio Saltarín amplios poderes, convirtiéndolo en una especie de procurador paralelo.

Saltarín hizo uso de estas prerrogativas, al realizar -de manera totalmente ajena a la ley- 153 reuniones con 29 instituciones del Estado para completar investigaciones, según revela una fuente citada por La Estrella de Panamá.

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Entre las altas figuras con las que se reunió Saltarín están el mandatario Juan Carlos Varela, Rolando López, la procuradora Kenia Isolda Porcell, el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido; el contralor Federico Humbert, el director del Programa de Ayuda Nacional, Rafael Stanziola; el asesor presidencial, Francisco Sierra, y, por supuesto, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán (aunque este ahora lo niega).

Y no menos importante, dentro de este esquema macabro de persecución y manipulación de expedientes, aparecía la procuradora Porcell, quien incurrió en el agravante de conocer expedientes de estos casos antes de llegar al Ministerio Público, cuando era subdirectora del Consejo de Seguridad Nacional, entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2014.

"Obviamente estamos ante una procuradora que vio los expedientes, los armó antes de llegar al Ministerio Público y después le dio instrucciones a su personal... ¡esto deja a la administración de justicia en una situación deplorable!", expresó el abogado Luis Eduardo Camacho González.

Pero, frente a estas nuevas revelaciones, llama la atención que Kenia Porcell, Rolando López, Rogelio Saltarín, y el propio Varela guardan silencio.

"Todo nos lleva a pensar que pareciera que hubo involucramiento del Órgano Ejecutivo en actividades que le competen al Ministerio Público y el Órgano Judicial", dijo Rolando Mirones, abogado y exdirector de la Policía.