Investigan presuntos maltratos contra ancianos de asilo en Chiriquí

El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Litigación Temprana adelanta una investigación por el delito Contra la Vida e Integridad Personal en la modalidad de lesiones personales en perjuicio de varios adultos mayores que están recluidos en el asilo de ancianos Santa Catalina, ubicado en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí. Este lunes se realizó una audiencia de garantías donde la fiscal adjunta de homicidios y femicidios, Carla Quintero, solicitó a la juez Rita Williams legalizará la extracción de fotos y videos de una USB donde presuntamente se ven los abusos de los que fueron objetos los ancianos. Sin embargo, los abogados José Manuel Saldaña y Omar Chávez, representantes de las dos señaladas en este proceso de investigación que adelanta el Ministerio Público se opusieron a la solicitud que efectuará la fiscalía, aduciendo que las fotos y videos fueron tomadas sin consentimiento de los familiares y que violentaba los derechos de los allí expuestos a la privacidad y expone a los familiares de los recluidos. La juez sustentó a las partes que esta era una audiencia solicitada por el Ministerio Público para legalizar la extracción de imágenes y videos; pero esta no procedía, debido a que el artículo 314 del Código de Procesamiento Penal establece que el Ministerio Público está autorizado a extraer los datos a través de una resolución debidamente sustentada, ya que la USB donde se encuentra fueron entregada de manera voluntaria por una de las denunciantes. A la audiencia compareció Magali Rodríguez, una de las denunciante de los supuestos maltratos a los son sometidos los ancianos por dos funcionarias nombradas por el MInisterio de Desarrollo Social (Mides) en el asilo, entre ellas una sobrina de la religiosa sor Teresa de la Vega, que regenta este lugar. Expresó que las denuncias fueron puestas de conocimiento al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), quien la destituyó, pero cuando llegó la directora del centro, que es la religiosa,  logró que la reintegraran en este asilo de ancianos. “Cuando yo inicié a trabajar la  maltratadora, siempre me entregaba a los abuelos golpeados y empiezó a sospechar, dándole seguimiento y observando que era agresiva con los ancianos y poco a poco me percato de los abusos de los que eran los abuelitos, quienes se merecen un trato digno”, afirma Rodríguez. Arlen Guerra, quien puso la denuncia por primera vez en el Mides y al ponerle de conocimiento a la religiosa, esta desestimo los señalamientos señalando que nadie le haría caso porque son personas adultas con diferentes problemas y limitaciones. Añadió que los familiares nunca se percataban del maltrato de sus parientes porque la religiosa les informaba que se había caído o les daba cualquier excusa para evitar complicaciones. El abogado del asilo de ancianos, José Manuel Saldaña Vega, hermano de una de las señalada como presunta maltratadora y sobrino de la directora del hogar (sor Teresa Jesús Vega)  afirmó  que las acusaciones son un ataque directo contra el asilo de ancianos, el cual es privado y que los casos donde los adultos mayores aparecen golpeados se dan por caídas y por otros hechos que no tienen que ver con violencia. Afirma que el procederá en su momento a presentar una denuncia contra las dos personas que fueron a presentar la denuncia al Ministerio Público. Por su parte sor Teresa Vega, catalogó de falsas las acusaciones que se realizaron contra el asilo de ancianos y que las dos denunciantes fueron despedidas por no tener vocación para atender a los adultos mayores. Manifestó que de haber sido cierto los familiares hubieran sacado a los ancianos del hogar y esto no ha ocurrido.