Alcaldía confía en recuperar control del aseo y la AAUD defiende intervención
El proceso aún se encuentra en curso y todavía hace falta entrega de pruebas, alegatos y el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Se colocaron contenedores de basura en San Miguelito. Foto: Archivo
La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, reaccionó luego de que la Procuraduría de la Administración concluyera que es ilegal la medida adoptada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de asumir el control de la recolección de desechos en ese distrito.
Hernández presentó una demanda de ilegalidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se declare nula la resolución mediante la cual la AAUD le retiró al municipio la competencia sobre la recolección de residuos y el cobro de la tasa de aseo, funciones que, según dijo, le corresponden a los municipios.
La alcaldesa señaló que la decisión de la entidad viola la autonomía municipal, así como la ley de presupuesto aprobada por el Concejo Municipal, en la que ya se contemplaban ingresos por 7 millones de dólares provenientes del cobro de la tasa de aseo.
Explicó que el proceso aún se encuentra en curso y todavía hace falta entrega de pruebas, alegatos y el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por su parte, el administrador de la AAUD, Ovil Moreno, defendió la intervención al señalar que había que atender a San Miguelito, ya que estaba ahogado en desechos.
Moreno indicó que la institución es respetuosa del pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración, pero subrayó que corresponde esperar la decisión final de la CSJ.
Mientras tanto, aseguró que la AAUD continuará garantizando la recolección de desechos tanto en la ciudad capital como en San Miguelito, con el objetivo de proteger la salud de los más de 280 mil habitantes del distrito.
Ante la crisis que enfrentaba el distrito de San Miguelito por la falta de recolección de desechos, el pasado mes de enero la AAUD asumió el control del servicio, con el objetivo de evitar una emergencia sanitaria.
La medida fue adoptada debido a que la autoridad municipal no contaba con la capacidad logística ni con los recursos de transporte necesarios para garantizar la recolección y disposición final adecuada de los residuos.