Compra de ventiladores aún no llega a la Contraloría; solo se pagará precio justo y razonable
El Ministerio Público abrió una investigación de oficio por la compra directa de los ventiladores a través del viceministerio de la Presidencia.
La compra de los 100 ventiladores AHP-300, por aproximadamente 5 millones de dólares, aún no ha llegado a la Contraloría.
El contralor Gerardo Solís informó ayer que la compra de los 100 ventiladores AHP-300, por aproximadamente 5 millones de dólares, aún no ha llegado a esa entidad para refrendo, pero que solo pagará un precio justo y razonable.
Mediante un comunicado se advirtió que el proceso se auditará con la asistencia de las máximas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el orden en el país de origen, incluyendo el costo de producción y de venta de esos ventiladores y los mecanismos de exportación, para garantizar a Panamá que solo se pague, reiteramos, un precio justo y razonable.
"La Contraloría comprende que se intente pagar una prima por entrega inmediata, en virtud de la urgencia global a la que Panamá no escapa, pero por encima de las circunstancias y cumpliendo a cabalidad con nuestra misión de fiscalizar, esa prima también será debidamente auditada para garantizar que no sea excesiva ni abusiva", datalla la nota de prensa.
El documento agrega que la Contraloría comprende la urgencia de garantizar los ventiladores artificiales a pacientes en estado crítico, sin embargo, por la misión que compete a la Contraloría General de la República estamos convencidos de que entre, mejor se gestionen los fondos durante esta pandemia, el Órgano Ejecutivo podrá llevar soluciones a más panameños necesitados.
En las últimas horas, en la redes sociales se ha cuestionado la compra de ventiladores artificiales a razón de 45 mil dólares por unidad.
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Incluso, las explicaciones sobre la compra directa fueron solicitadas por dos miembros de la comisión asesora en materia de la pandemia del coronavirus, los doctores Xavir Sáez-Llorens y Julio Sandoval.
Incluso, el Ministerio Público ordenó, de oficio, una investigación por presunta comisión de delito Contra la Administración Pública por compra de ventiladores a través del viceministerio de la Presidencia.
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