Varela silencia a la ‘sociedad civil’ con nombramientos

 

La administración de Ricardo Martinelli enfrentó a una de las más duras y agresivas campañas de críticas por parte de los gremios organizados de la sociedad civil durante su periodo de 5 años. La dirigencia de estos grupos diariamente acudió a los medios a denunciar y manifestar su oposición a casi todos los movimientos del pasado gobierno, no solo en temas administrativos.

Los efectos de esa campaña quizás le permitieron a Juan Carlos Varela ganar las pasadas elecciones. Estos grupos olvidaron por completo que Varela fue parte del pasado gobierno y que él mismo avaló y participó de muchas de las decisiones que hoy se vinculan a posibles actos de corrupción.

Hoy, el papel de estos gremios de la sociedad civil parece haber sido silenciado o comprado por nombramientos en importantes cargos del gobierno que preside Varela. Los líderes de gran parte de estos gremios ambientalistas, fundaciones contra la corrupción y grupos indígenas dejaron su bandera de lucha contra los actos del Gobierno a cambio de un cargo público con salarios que, la mayoría, oscilan entre 3,000 y 10,000 dólares.

La alianza informativa Epasa, NEXtv y KW Continente pudo ubicar a unos 19 dirigentes de los llamados grupos de la sociedad civil que en la actualidad ocupan una cargo importante en el Gobierno o la Alcaldía de Panamá.

Estos grupos, que anteriormente se oponían hasta a la tala de árboles en parques públicos, hoy están silenciados.

Por el lado de los médicos, el actual gobierno ordenó el reintegro de Fernando Castañedas, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal). El ofrecimiento de cargos incluyó a presentadores de televisión que generaban opinión política cada día, entre ellos Castalia Pascual, ahora vocera del Ministerio de la Presidencia con un salario de 6,000 dólares, y el expresidente del diario La Prensa Fernando Berguido, nombrado embajador en Italia con más de 7,000 dólares en salario.

De todos esos grupos, solo el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Asuntos Similares (Suntracs) y los educadores han logrado mantener su independencia hasta ahora.

Dentro de la lista de dirigentes de la sociedad civil designados por Varela resalta Mariano Mena, exsecretario general de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) y vocero del desaparecido Frente Amplio por la Democracia (FAD), quien fue nombrado con 5,000 dólares en el puesto de asesor del ministro de Gobierno, Milton Henríquez. En su designación se ignoró que Mena fue acusado este año por su hijastra de maltrato familiar, un caso que se encuentra en manos de las autoridades.

Este medio llamó a Mena para conocer su versión, pero este solo dijo: “No tengo nada que decir al respecto, caballero”.

Así mismo, Varela nombró como secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a Samuel Rivera, abogado de la CGTP. Pero además Rivera fue el abogado de los trabajadores de la empresa Varela Hermanos S.A. que entabló la denuncia por incumplimiento de salario mínimo contra la licorera.

Sobre su caso, Rivera dijo que al aceptar el cargo en el Mitradel se separó de su puesto en el sindicato al que pertenecía y dijo que ahora le toca a otra persona ocupar su lugar.

Manifestó que toda figura que llegue al Gobierno, ya sea por un partido político u otra vía, tiene la misma obligación de servirle al pueblo.

“Yo no vine al Gobierno a servirme a mí, sino al país y eso lo voy a sustentar en todo momento hasta mi salida”, apuntó el asesor de uno de los sindicatos de línea dura contra el gobierno de Ricardo Martinelli.

Rivera señaló que a los nuevos líderes de la sociedad civil les tocará denunciar los casos de corrupción que se dan en todos los Gobiernos.

Varela también debilitó la beligerancia de la Fundación para la Libertad Ciudadana, representante de Transparencia Internacional en Panamá, al nombrar a su presidenta ejecutiva como la nueva zarina anticorrupción, y a su vicepresidente, Joseph Fidanque, como gerente de Tocumen S.A., empresa estatal que administra el aeropuerto internacional de Panamá.

Para el excandidato presidencial Juan Jované, es un error pasar de un gremio de la sociedad civil a un cargo público. Indicó que estas figuras de la sociedad civil se han convertido directamente en políticos y han perdido su independencia. “Yo no participaría de un gobierno como este que no tiene altura ética y que se ha aliado a otro partido tradicional para repartirse el gobierno. Yo sentiría que perdería mi carácter y mi consciencia en un gobierno como este”, dijo Jované.

Agregó que los gobiernos siempre tienen interés por absorber a los independientes porque creen que eso les genera una imagen distinta.

“Creo que es inútil para los gobiernos hacer pasar a personas que algún momento fueron independientes o de la sociedad civil y luego decir que practican la independencia”, añadió

Raisa Banfield, exdirectora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) y que cuestionó fuertemente al gobierno de Martinelli, es ahora la vicealcaldesa del distrito de capital.

Consultada vía telefónica, Banfield aseguró que desconocía las intenciones con las que este medio de comunicación trabajaba en la historia de los dirigentes de la sociedad civil que ahora están en el Gobierno. También dijo que temía que el tema fuera manejado sin “objetividad”.

“Por lo que usted me está diciendo, ya tiene una posición sesgada del tema, entonces está difícil pedir una declaración en función de una historia con una decisión sesgada que ya está presentada de salida”, comentó Banfield, quien en el pasado reciente era dirigente ambientalista.

La vicealcaldesa, al ser preguntada si tenía una ocupación remunerada en la comuna capitalina, subrayó que prefería que estuviera presente una persona del departamento de Relaciones Públicas y fuera personal.

3 Falta por definir al procurador, contralor y un magistrado del TE.