Hutchison inicia arbitraje contra Panamá y reclama más de $1.500 millones por salida de dos puertos
El nuevo procedimiento se suma al arbitraje separado que ya mantiene Panama Ports Company (PPC).
Hutchison inicia arbitraje contra Panamá y reclama más de $1.500 millones por salida de dos puertos
El conglomerado hongkonés CK Hutchison anunció este jueves un nuevo arbitraje internacional contra Panamá en el que reclama más de 1.500 millones de dólares por la supuesta destrucción de sus inversiones en los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en los accesos al Canal de Panamá.
En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, la compañía indicó que el procedimiento fue iniciado este jueves contra Panamá por supuestas violaciones de un tratado de protección de inversiones, después de que "fracasaran sus intentos de alcanzar una solución" con el Estado panameño.
CK Hutchison afirmó que su reclamación responde a una serie de medidas adoptadas por Panamá en 2025 y 2026 que, según la empresa, culminaron con la anulación del contrato de concesión de Balboa y Cristóbal y la toma de control de ambas terminales.
La compañía señaló que discrepa "firmemente" con las medidas adoptadas por Panamá, que considera contrarias al tratado de protección de inversiones, y aseguró que seguirá buscando una solución con el país al tiempo que defenderá sus derechos conforme al derecho internacional.
El nuevo procedimiento se suma al arbitraje separado que ya mantiene Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, en virtud del contrato de concesión y de las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
PPC reclama por esa vía sus propios derechos contractuales y había elevado ya sus reclamaciones contra el Estado panameño por encima de los 2.000 millones de dólares, después de denunciar lo que considera una toma ilegal de los puertos y de sus activos.
La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional en enero la concesión de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, otorgada originalmente en 1997.
Tras el fallo, las autoridades panameñas asumieron en febrero el control de ambas terminales y encomendaron su operación temporal a otros gestores internacionales, en medio de presiones de Estados Unidos por la supuesta influencia china en torno al Canal de Panamá.
El conflicto abrió una etapa de tensión entre Panamá y China, después de que Pekín advirtiera de que defendería los derechos e intereses de sus empresas y de que se dispararan las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos.
Panamá atribuyó ese repunte al deterioro de las relaciones bilaterales, mientras que China defendió que sus inspecciones respondían a motivos de seguridad marítima.
En las últimas semanas, sin embargo, el Gobierno panameño ha señalado una desescalada tras las conversaciones mantenidas en julio en Pekín para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo entre ambos países, que concede a la flota panameña trato de "Nación Más Favorecida" en puertos chinos.
El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, afirmó recientemente que la renovación del acuerdo era un asunto técnico ya negociado "a satisfacción" y que las detenciones de buques panameños estaban por debajo del promedio histórico previo a la controversia.