Inicia temporada de cruceros; continúa monopolio de Monjasa
La Autoridad Marítima de Panamá realizó inspecciones en el lugar. Cortesía
La temporada de cruceros 2024-2025 comenzará este miércoles 9 de octubre en el puerto de Amador, en el Pacífico, en medio de la incertidumbre generada por el monopolio que mantiene la empresa Monjasa en la distribución de combustible para las embarcaciones que recalan en el puerto.
En 2023, alrededor de 23 líneas de cruceros denunciaron que se les obligaba a abastecerse de combustible exclusivamente con una sola empresa: Monjasa. A pesar de las críticas, esta compañía continúa con el monopolio en la actualidad.
El malestar por esta situación ha sido evidente entre algunas líneas de cruceros, que han manifestado que deben adquirir combustible únicamente a través de Monjasa, lo que limita la posibilidad de optar por alternativas más competitivas.
A pesar de las advertencias sobre esta problemática, la exclusividad en la distribución de combustible con Monjasa, vinculada a Pablo Torres —amigo del exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz—, sigue vigente.
La pasada administración de la AMP defendió en múltiples ocasiones esta exclusividad, a pesar de las críticas recibidas de diversos sectores.
Documentos obtenidos revelan que Monjasa Chartering, filial de Monjasa, es dirigida por el empresario danés Anders Ostergaard, pero también tiene como director a Pablo Torres, cercano a Araúz.
Durante la gestión de Araúz al frente de la AMP, Torres recibió contrataciones directas y concesiones temporales que le permitieron fortalecer financieramente su empresa Stward.
Entre los negocios relacionados con la AMP se encuentra el contrato para el servicio de lanchas, permisos en el astillero de Balboa, el suministro de combustible para cruceros, el uso del nuevo puerto de Amador para reparar barcos, entre otros contratos cuestionados.
Además, la empresa de Torres estaría vinculada al suministro de combustible para los barcos que cruzan el Canal de Panamá. Al círculo de Torres y Araúz se suma el empresario Gabriel Fernández, quien controla otros contratos digitales otorgados por la AMP.