Brasil anula pruebas de Odebrecht contra expresidente Alejandro Toledo y el caso se sigue derrumbando
Brasil anula pruebas de Odebrecht contra Alejandro Toledo en el mismo término concedido a Ricardo Martinelli por fallas en la cadena de custodia de Drousys.
Brasil anula pruebas de Odebrecht contra expresidente Alejandro Toledo y el caso se sigue derrumbando
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), bajo la ponencia del juez Dias Toffoli, dictó un nuevo fallo que anula el uso de las pruebas del caso Odebrecht en contra del expresidente del Perú, Alejandro Toledo.
Al igual que en la resolución dictada para el caso del expresidente Ricardo Martinelli en 2024, el magistrado Dias Toffoli declaró la invalidez e inutilizabilidad de la evidencia extraída de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day B, utilizados en el acuerdo de lenidad suscrito por la constructora Odebrecht.
Toffoli fundamenta su decisión en que las pruebas obtenidas por el Juzgado 13 Federal de Curitiba, en ese entonces a cargo del exjuez Sergio Moro, presentan graves vicios procesales e irregularidades en la cadena de custodia desde su origen.
Este criterio de exclusión, que sirvió de precedente en la causa de otro expresidente peruano, es vez en la causa de Ollanta Humala, fue el mismo principio de igualdad procesal aplicado para frenar las pruebas contra Martinelli en Panamá y que ahora invalida los registros presentados contra Toledo en Perú.
El dictamen del tribunal brasileño reitera que la información contenida en el acuerdo de lenidad de Odebrecht no es apta ni legalmente válida para ser empleada en procesos judiciales fuera de Brasil.
Tal como se ordenó en el caso de Martinelli, la resolución dispone que el Ministerio de Justicia de Brasil informe a las autoridades peruanas a través del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional (DRCI/DRACI) sobre la nulidad de estos elementos probatorios, bloqueando el uso de estos archivos digitales en la causa penal.
Toledo tiene una sentencia de 20 años y 6 meses de cárcel en Perú por los delitos de colusión y lavado de dinero vinculados a la licitación de la carretera Interoceánica Sur, un caso donde la invalidez de este material probatorio añade una nueva paradoja jurídica en los tribunales suramericanos.