Denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de West Valdés

El abuso de la detención preventiva y la situación de indefensión en la que se encuentra West Valdés, llevó a su defensa a interponer una denuncia contra el Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Dicha denuncia fue interpuesta por el abogado Gilberto Cruz Ríos, representante legal de Valdés contra el Estado, quien a través del Ministerio Público y el Órgano Judicial mantienen en un secuestro y privación de sus derechos a su defendido, quien por encima del orden jurídico ha cumplido su pena anticipada a cargo del sistema judicial panameño.

"El motivo de la presente denuncia es una evidente violación a los derechos humanos y a todos los convenios internacionales a los cuales Panamá es signatario, entre los que están: el derecho a la integridad, la libertad personal, las garantías judiciales, la protección de la honra y la dignidad, entre otros", indicó Cruz.

Entre los hechos dados en la república de Panamá, que fundamentan dicha denuncia, Cruz señaló que el proceso de su defendido fue objeto de un mal manejo gubernamental durante el quinquenio del expresidente Juan Carlos Varela, quien utilizó indiscriminadamente el poder para generar persecuciones judiciales contra sus adversarios políticos. Producto de esto, el expresidente mantiene unas 14 denuncias en su contra en el Ministerio Público de Panamá.

"El caso de West Valdés no escapa de la panorámica establecida en el inciso anterior, ya que forma parte de un entramado de casos gubernamentales, engendrados por parte de una procuraduría paralela existente en el Gobierno de Juan Carlos Varela", puntualizó el defensor.

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Cruz agregó que desde el año 2016, la Fiscalía Anticorrupción emitió una orden de detención efectiva, la cual se dio mediante procedimientos ilegales, de acuerdo a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana, en donde ilegalmente fue capturado sin orden previa y expulsado de forma ilegal,

Desde ese momento que se dio su aprensión hasta la fecha, Valdés tiene más de tres años de estar detenido en El Renacer, sin que se tenga una resolución de su caso mediante audiencia.

"Dentro de las causas que se le siguen a nuestro defendido, el mismo en la actualidad ha sido sobreseido definitivamente, de uno de los casos y mediante fallo confirmado por el Segundo Tribunal de Justicia, se ha probado su inocencia, sin embargo el mismo a pesar de tener un exceso en la detención, aún sigue detenido", explica Cruz en un documento de 154 páginas enviado a la CIDH.

El jurista también indicó que, a pesar que en múltiples ocasiones ha solicitado que se revise la medida cautelar de la detención preventiva que mantiene, ninguna autoridad jurisdiccional ha respondido los recursos de manera oportuna, lo que transgrede el debido proceso y las garantías fundamentales de su defendido. Esto sin que medie algún pronunciamiento enérgico, sin quisiera de la Defensoría del Pueblo, por lo que se recurre a instancias internacionales a efecto de que requieran un informe técnico legal de la situación procesal y humana de West Miguel Valdés

En su denuncia, Cruz también señala que a pesar de que han acudido ante la defensora del pueblo, Maribel Coco para ver la situación de Valdés esta, mediante nota fechada del 6 de febrero de 2020, emitió una aseveración subjetiva y equivocada a la realidad que vive West.

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"Me valgo la ocasión, para informarle que al no existir violación de derechos humanos contra West Valdés por parte del algún funcionario, se procede a la no admisión de la queja", manifestó Coco. Argumentos que no son compartidos por Cruz quien indica que el mantener a una persona detenida bajo excesos legales, representa una vulneración de los derechos humanos.

Ante la situación que vive el país por la pandemia del COVID-19, el defensor recordó que la CIDH hizo una recomendación a los países miembros adoptar medidas para evitar el hacinamiento, que los casos de personas en situación de riesgo sean evaluados y que las condiciones de detención de los privados de libertad sean garantizados.

"Por lo que, desprendido de estos tres numerales de la resolución de la CIDH, nos queda claro que nuestro defendido, un hombre de 56 años y en riesgo, por lo que puede ser nefasto no accionar en el tiempo preciso e interpelar al Estado panameño a cesar el exceso de la medida de detención a a West Valdés", expresó.

Ante lo antes mencionados, Cruz agregó que solicitan a la CIDH que tome como prioridad la recomendación al Estado panameño del exceso en la medida de detención preventiva contra su defendido y se ordene revocar la misma, por vulnerar los derechos humanos de Valdés.

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