Ordenan detención provisional de colombiano que incitó al vandalismo en La Chorrera
El sujeto publicó en sus redes sociales videos en los que amenazó a la Policía Nacional e hizo un llamado a otras personas para saquear comercios de Panamá Oeste.
El colombiano fue aprehendido el pasado miércoles 1 de abril en La Chorrera. Foto: Panamá América.
Un sujeto de nacionalidad colombiana fue detenido de forma provisional por la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia (apología del delito) y contra la seguridad colectiva (terrorismo).
Este jueves, la jueza Yadelka Peralta, la de Sección de Litigación de Panamá Oeste, ordenó la detención de un colombiano por divulgar vídeos en sus redes sociales amenazando a miembros de la Policía Nacional.
El extranjero también incitó a realizar saqueos en los diversos puntos comerciales de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, en medio de la crisis de salud y económica por el nuevo coronavirus.
La detención provisional fue decretada en referencia a lo estipulado en el artículo 227 del Código Procesal Penal, por riesgos procesales como afectación de pruebas, desatención al proceso y peligro a la colectividad.
La pena por apología del delito podría ser de hasta tres años de prisión, además del delito contra la seguridad colectiva, con pena de 5 a 10 años de prisión.
Por otro lado, el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, manifestó su apoyo a una iniciativa de ley que busca modificar el Código Penal con el objetivo de aumentar las penas de prisión impuestas en los casos de saqueo y vandalismo.
El funcionario dijo que se necesita legislar frente a la situación que se vive en el país por la pandemia del nuevo coronavirus, porque las normas penales no están adecuadas.
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En este mismo sentido, el pasado martes, la diputada Kayra Harding presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley a través de cual se busca modificar el Código Penal, Título VI, Capítulo, con el objetivo de aumentar las penas de prisión impuestas en los casos de saqueo y vandalismo.
Actualemnte las penas por ese delito van de 5 a 8 años; la propuesta de Harding busca aumentarlas de 6 a 12 años para evitar que los imputados logren reemplazo de pena.
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