Juez de garantías ordena reabrir una investigación penal contra exdirector de la JCJ por traslado de sala
Cuestionan decisiones del ex secretario de la Junta de Control de Juegos tras sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
Manuel Sánchez Ortega, exdirector de la Junta de Control de Juegos de Panamá. Cortesía
Las decisiones adoptadas durante la gestión de Manuel Sánchez, exdirector de la Junta de Control de Juegos de Panamá, vuelven a estar en el centro del debate público por acciones contrarias a la ley.
Según informes, Manuel Sánchez Ortega, autorizó el traslado de una Sala hacia el "Área Designada"; lo que fue una decisión abiertamente contraria a lo previsto en el Decreto Ley 2 de 1998 y pese al pronunciamiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema en el 2023.
En agosto de 2023, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema dictó una sentencia que declaró ilegal el traslado y apertura de Salas en el Área Designada por ser contrario a lo establecido en el Decreto Ley N.º 2 de 1998 que regulan la operación de salas de juego dentro del Área Designada de la Ciudad de Panamá.
Una segunda decisión judicial posterior confirmó íntegramente dicho fallo, reafirmando como cosa juzgada la decisión judicial que declaró que el traslado y apertura de salas de algún operador en el Área Designada es ilegal a partir de la entrada en vigor de dicha normativa.
La Junta de Control de Juegos dependiente del Ministerio de Economía, en su etapa de secretario y director de Salas, y Manuel Sánchez en particular, pese a la rotundidad de la legislación vigente dictada en el año 1998, permitió a determinados operadores la apertura nuevas salas de máquinas tragamonedas tipo "A" dentro del Área Designada, violentando la legislación vigente y la última vez, ya en el año 2024, de forma aún más flagrante, tras la claridad de la decisión de la Corte Suprema.
De acuerdo con información conocida públicamente, la conducta del exfuncionario es actualmente objeto de acciones penales, en un proceso que busca determinar eventuales responsabilidades personales derivadas de las decisiones adoptadas durante su gestión. Así tras el archivo de las denuncias presentadas contra Manuel Sánchez decretado por la Fiscalía, un Juez de Garantías ha ordenado recientemente reabrir la investigación penal.
Operadores del sector señalaron que las actuaciones administrativas impulsadas bajo dicha gestión han permitido durante todos estos años la operación ilegal de salas de juego en la Ciudad de Panamá, con claro perjuicio de otros operadores que invirtieron en el país confiando en la seguridad jurídica y el cumplimiento de la legalidad por las autoridades, y en beneficio del grupo Cirsa, que fue el único beneficiado por una adenda de noviembre de 2009, cuando estaba prohibido conceder contratos para la instalación de nuevas Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo "A" dentro del Área Designada con posterioridad a la promulgación del DL 2 de 1998 y los Contratos de Máquinas Tipo "A" procedentes de la transformación de Máquinas Tipo "B" del DL 2 de 1998 quedaron extinguidos por la Ley 49 de 2009.
"El problema ya no es solo regulatorio o económico, sino institucional. Cuando las sentencias de la Corte Suprema no se cumplen y las decisiones ilegales no tienen consecuencias, se compromete la credibilidad del Estado", señaló una fuente del sector.