Justificación de Juan Carlos Varela se cae ante aclaración de firmas de abogados
La Presidencia de la República pagó $385 mil 200 a la firma Saltarín por los servicios prestados y son los únicos que no han hecho referencia en qué consistía su contratación de 18 meses por parte del Gobierno de Juan Carlos Varela.
Poco a poco todos van dejando en evidencia la forma de proceder de Juan Carlos Varela en temas políticos. Foto: Panamá América
Al salir las firmas de abogados mencionadas por el presidente Juan Carlos Varela a informar que se dedicaron a prestar servicios de índole administrativo y contractual a instituciones del Gobierno, se cae la justificación que trató de hacer sobre la creación de una "procuraduría paralela".
La firma de abogados de Rogelio Saltarín armó expedientes contra el expresidente Ricardo Martinelli, allegados a ese gobierno y miembros de Cambio Democrático, con apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, una función que es del Ministerio Público.
Todas las firmas locales mencionadas por el Ejecutivo mediante un comunicado, (Arias, Fábrega y Fábrega (Arifa), Morgan & Morgan; Tapia, Linares y Alfaro, junto a Icaza González - Ruiz & Alemán (Igra) justificaron su actuación, no así el bufete Saltarín, Arias y Asociados.
La reacción de las firmas de abogados, que la recoge el diario La Estrella, se dio después de que el Gobierno publicara un comunicado en el que intentaba relacionar los trabajos de asesoría de Saltarín con las otras firmas locales e internacionales.
El representante de Arifa, Fernando Arias, dejó claro que los trabajos que ellos realizaron como asesores fue estrictamente con la compra de la Empresa de Transporte Masiva, (Mi Bus), durante el primer año de este gobierno.
Otro de los temas en los que le dieron una guía al equipo de Varela fue la reestructuración financiera de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
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Entre tanto, Morgan y Morgan brindó sus servicios para casos de Pandeportes y de ENA.
Oficialmente, en Pandeportes, ayudaron en juicios arbitrales por construir una Ciudad Deportiva en David, Chiriquí. Mientras con ENA fue un arbitraje de la expansión del Corredor Norte contra la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Arquitectos (ICA).
Uno de los últimos fueron contratos de la Línea 2 del Metro de Panamá.
La también mencionada Tapia, Linares y Alfaro asesoró a Tocumen S.A., trabajó junto al Ministerio de Seguridad en la negociación de los contratos de la terminal aérea de Tocumen, entre otros puntos.
"En ningún momento hemos asesorado al Gobierno en campo de investigación penal o de corrupción y no tendríamos idoneidad profesional para hacerlo", aclaró el socio principal de Arifa, Fernando Arias.
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Pero con la firma de Saltarín, todo indica que ellos sí se dedicaron a temas penales y de corrupción, que durante los 18 meses de Gobierno se reunió en muchas ocasiones con el Consejo de Seguridad Nacional, liderado por Rolando López.
Además de tener nueve reuniones en la Procuraduría General de la Nación, otras dos con la procuradora Kenia Porcell y siete con el presidente Juan Carlos Varela y se mantiene un bloqueo de silencio en referencia a Saltarín.