Ampliación de Vía España aún no tiene Estudio de Impacto Ambiental
El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, reconoció que el proyecto no inició con pie derecho.
Vistas de lo que será Vía España una vez culmine la obra, según el Ministerio de Obras Públicas. Cortesía
La falta de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el proyecto de ampliación de Vía España continúa enfrentando a las autoridades y comerciantes del sector de Río Abajo que se oponen a ser desalojados sin que el Ministerio de Ambiente evalúe la factibilidad y repercusiones de la obra, una irregularidad que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) aseguró está subsanando. Mientras tanto, los comerciantes se mantendrán en la zona.
Los empresarios afirman que no se oponen al proyecto ni a sus beneficios, sino a las maneras en las que se ha desarrollado porque no se les ha tomado en cuenta; simplemente se les indicó que debían desalojar el área sin darles ningún tipo de plazo ni solución.
El abogado ambientalista Donaldo Sousa, en su representación, señaló que el impacto de la construcción no se ciñe únicamente a la parte ambiental, sino también a la comercial y social; por ello, elevaron el tema a instancias judiciales con el propósito de que se replantee su ejecución.
Sostienen que las obras iniciaron desde finales del mes de enero e inicios de febrero, pese a que aún no se tiene la aprobación del EIA, lo que demuestra el poco respeto de los contratistas hacia las autoridades y quienes por años han llevado el sustento a sus hogares a través de estos negocios.
"No se puede mover una piedra sin un Estudio de Impacto Ambiental; fue una equivocación, pero no fue una leve, fueron meses de zozobra", dijo José Luis Ábrego, representante de la Asociación Nacional de Pequeños Productores y Expositores.
El proyecto, a su juicio, cumple con todos los requisitos para ser de categoría III, no II como sugieren las autoridades; no obstante, espera que se llegue a un consenso en beneficio de todos los involucrados para que haya progreso para el país y seguridad para quienes tienen pequeñas, medianas y grandes empresas.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, reconoció que la obra no inició con pie derecho, y aclaró que las reubicaciones no se harán hasta que la entidad competente apruebe el EIA y se refrende el contrato a la empresa encargada de la construcción, que aún se encuentra en trámite en la Contraloría.
Una vez sean validados ambos documentos, se les informará a los ciudadanos afectados el plazo que tendrán para abandonar los terrenos que pertenecen a la servidumbre del MOP, razón por la cual no se contempla la entrega de apoyo económico e indemnización, pero se está en conversaciones con la Alcaldía de Panamá para que puedan ser reubicados.
Además, se decidió mantener la vereda afroantillana que aglutina a unos 300 comerciantes formales para reducir el impacto de la obra, cuyo costo asciende a más de 80 millones de dólares.
El titular del MOP ponderó las ventajas del proyecto, asegurando que generará alrededor de 150 empleos directos y 300 indirectos durante su fase de construcción, millones de dólares en dinamización comercial y reducirá los tiempos de espera del transporte público.