'Procuraduría Paralela' creada bajo el Gobierno de Juan Carlos Varela sigue funcionando
El vocero del mandatario Martinelli le advirtió al presidente Laurentino Cortizo y al procurador Eduardo Ulloa, que lo que antes funcionaba como una "Procuraduría Paralela", se transformó, al concluir el Gobierno de Vaela, en "Consejo de Seguridad Paralelo", con las mismas y nuevas "funciones ilegales".
Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá.
La "Procuraduría Paralela", que fue creada durante el Gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, sigue operando desde el Consejo de Seguridad, denunció Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli.
"Actores del Consejo de Seguridad Paralelo, actúan algunos ya fuera de la esfera gubernamental, otros aún en ella, operando en bajo perfil. Pero lo más grave, es que se le han sumado personas que ocupan u ocuparon importantes cargos, nombrados por las nuevas administraciones", puntualizó Camacho en su cuenta de Twitter.
El vocero del mandatario Martinelli le advirtió al presidente Laurentino Cortizo y al procurador Eduardo Ulloa, que lo que antes funcionaba como una "Procuraduría Paralela", se transformó, al concluir el Gobierno de Vaela, en "Consejo de Seguridad Paralelo", con las mismas y nuevas "funciones ilegales".
"Las tareas del "Consejo de Seguridad Paralelo incluyen, destruir pruebas de las ilegalidades de la "Procuraduría Paralela", contener y afectar negativamente investigaciones contra miembros del gobierno varelista o sus secuaces en la Procuraduría y fichas que mantienen en el actual gobierno", enfatizó.
Camacho Castro agregó que la principal tarea del nuevo "Consejo de Seguridad Paralelo", es distraer al Gobierno de Cortizo, al procurador Ulloa y a "quienes combatimos sus ilegales acciones desde que funcionaron como Procuraduría Paralela; con incesantes campañas mediáticas sucias y negativas".
En el Gobierno de Juan Carlos Varela se realizo la contratación de la firma de Rogelio Saltarín (q.e.p.d.) y otras para diseñar los expedientes contra opositores.
En su momento, el Gobierno anterio adujo que gracias a esas contrataciones alternas, "encontraron soluciones a múltiples problemas, mediante procesos judiciales, arbitrajes y acuerdos, dentro y fuera del país", dejando en evidencia que sí hubo una organización paralela a las entidades del Estado que, realmente, deben llevar los supuestos casos.
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La posición del Ejecutivo se dio solo en relación a la firma del abogado Rogelio Saltarín, mas no así con la supuesta intromisión del Consejo de Seguridad en la elaboración de los expedientes, así como tampoco se referieron a la complicidad que jugó el Ministerio Público.