Rogelio Saltarín cerró su cuenta de Twitter tras cuestionamientos por armar casos contra exfuncionarios
Saltarín recibió contrato con el Ministerio de la Presidencia para armar expedientes contra exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli.
El abogado Rogelio Saltarín, allegado de Juan Carlos Varela. Foto: Archivo
El abogado Rogelio Saltarín, uno de los artífices en armar casos de persecución contra exfuncionarios del gobierno anterior, luego de los fuertes cuestionamientos que ha sido objeto decidió cerrar su cuenta de Twitter para tratar de evitar el contacto con quienes lo señalan en las redes sociales.
La forma en que se estructuró un plan entre el Consejo de Seguridad Nacional y la Procuraduría de la Nación para manejar expedientes de supuestos casos de corrupcón armados mediante presentación de testigos protegidos y negocios de penas a cambio de cooperación con la justicia, aparecieron descrito en un medio de comunicación local.
Se trata de una trama que según una publicación del diario La Estrella de Panamá inició en la Presidencia de la República bajo la gestión de Juan Carlos Varela y cuyas piezas principales son Rolando López, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y Rogelio Saltarín, un abogado penalista cercano a Varela, que utilizan el poder de Kenia Porcell, procuradora de la Nación.
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La figura del abogado Rogelio Saltarín es una de estas piezas clave que ponen al descubierto el pasado y la forma como se estructuró un plan de venganza a la medida del presidente Varela, con la participación directa del jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López, y la procuradora Kenia Porcell.
Saltarín es una persona que manejó asuntos personales de Varela antes de ser presidente, entre ellos su conexión con la polémica Fundación Don James, la cual habría recibido dinero de dos consulados controlados por Varela hasta 2011, y de Odebrecht, en 2017.
La misma fundación señalada de ser una de las plataformas financieras de la campaña presidencial de Varela y otras actividades privadas, como compra de terrenos y bienes de lujo.
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Incluso, una de las representantes de esta fundación fue procesada por blanqueo de capitales en Estados Unidos, en 2014.
Ese fue el mérito que le permitió a Saltarín hacerse, al inicio de la gestión de Varela, de un contrato de asesoría por 385 mil dólares con el Ministerio de la Presidencia, a través de su firma de abogados Saltarín, Arias & Asociados, Auditores Jurídicos.
Su trabajo fue coordinar con los designados en varias instituciones, como Tocumen S.A., Autoridad Marítima de Panamá, Caja de Ahorros y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la estructuración de expedientes y la presentación de denuncias contra figuras del gobierno de Ricardo Martinelli.
Documentos presentados esta semana por varios medios de comunicación escritos revelan el detalle de las reuniones que realizó Saltarín con entidades del Gobierno y la propia procuradora Porcell.