Bajar la edad penal a menores no es la solución
El abogado penalista Basilio González considera que la respuesta a los delitos graves cometidos por menores debe incluir estudios del entorno familiar.
El derecho penal debe ser el último recurso ante la violencia juvenil. Foto: Archivo
Mientras la Asamblea Nacional debate el Proyecto de Ley 539, que propone modificar el régimen de responsabilidad penal adolescente, el homicidio de una mujer en La Siesta, Tocumen, reavivó la discusión sobre cómo debe responder la justicia ante delitos graves presuntamente cometidos por menores de edad.
El fin de semana, un menor de 12 años fue señalado por supuestamente dispararle a una mujer después de que esta le llamara la atención. El caso ha generado interrogantes sobre las medidas legales aplicables y los alcances de una eventual reforma de la legislación vigente.
El abogado penalista Basilio González sostuvo que reducir la edad de responsabilidad penal no debe ser la única respuesta del Estado frente a la violencia que involucra a niños. A su juicio, antes de adoptar cambios de esta naturaleza es necesario analizar las circunstancias familiares, sociales y educativas que rodean a los menores involucrados en hechos delictivos.
González consideró necesario realizar estudios sociales que permitan conocer el entorno familiar del menor, la supervisión de sus padres o tutores y las condiciones de la comunidad en la que vive. Estos elementos, señaló, deben formar parte de una evaluación integral para comprender las circunstancias que pueden incidir en la conducta de un niño.
En relación con el caso de Tocumen, el abogado indicó que las autoridades deben esclarecer cómo el menor habría tenido acceso a un arma de fuego. También planteó la necesidad de verificar las versiones sobre un posible consumo de drogas, sin dar por confirmadas esas circunstancias.
El penalista cuestionó que la reducción de la edad penal se plantee sin un análisis profundo de las causas de la violencia infantil. Consideró que la respuesta debe incluir el fortalecimiento de la familia, la educación y la prevención, en lugar de concentrarse únicamente en endurecer las consecuencias penales.
El Proyecto de Ley 539 busca modificar la Ley 40 de 1999, que regula el régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes.
De acuerdo con la propuesta descrita, los menores de 10 años continuarían excluidos de responsabilidad penal, mientras que se establecería un tratamiento excepcional para quienes tengan entre 10 y 12 años y estén vinculados con determinados delitos graves contra la vida.