El 60 % de la planilla del Mida está jubilada y la entidad arrastra deuda de $3 millones con COPEG

Las declaraciones del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, expusieron una distorsión que no solo asfixia operativamente al Mida, sino que refleja un problema en la administración pública: el choque entre leyes especiales, la falta de relevo generacional y la ineficiencia en el gasto presupuestario.

Con un 60 % de su fuerza laboral en condición de jubilada, muchos percibiendo salarios de entre 4 y 5 mil dólares adicionales a su pensión, el ministerio opera atado de manos.

"Actualmente en el Mida tenemos 2,409 colaboradores; de esos, 133 son veterinarios y 1,037 son agrónomos. El 50 % del personal en el escalafón está jubilado y el 60 % del personal total está jubilado", detalló Linares, quien añadió que uno de estos prácticamente perdió la visión.

"Nosotros tenemos funcionarios de más de 80 años que están con leyes especiales, ganan 4 o 5 mil dólares encima de estar jubilados y no podemos destituirlos por el tema legal", subrayó.

La imposibilidad legal de retirar a funcionarios en edad avanzada frena la incorporación de jóvenes profesionales "que se comen el mundo por un salario de 1,500 dólares" y que el sector agropecuario requiere con urgencia en el campo, donde la capacidad física y el trabajo de terreno son indispensables.

Considera Linares que se debe resolver para poder avanzar, y la única forma, según él, es con el apoyo de la Asamblea; "no puede ser que más del 60 % estén jubilados", insistió.

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Señaló que hay funcionarios a los que "la salud no les da" y, aunque sabe que se puede abrir un proceso que tardaría seis meses, también es consciente de que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia, que con su decisión obligaría a reintegrarlos.

"No tengo nada con la edad, pero llega un momento en que las personas no pueden funcionar, y un agrónomo y un veterinario tienen que estar en el campo, no en la oficina, pero esa no es la realidad del ministerio", dijo.

Financieramente, la ecuación resulta insostenible: el costo de una sola de estas plazas estancadas permitiría la contratación de dos o tres recién graduados capacitados para atender las demandas técnicas de los productores.

El escenario exige abrir de inmediato un debate nacional sobre las reformas a las leyes especiales y marcos regulatorios que hoy impiden dinamizar el Estado, perpetuando planillas costosas en detrimento de la eficiencia y de las oportunidades laborales para la juventud.

La deuda que avergüenza a Linares

La ineficiencia interna se traslada al plano internacional, donde el Mida enfrenta un presupuesto asignado de $1.1 millones para membresías que arrastra graves atrasos. El episodio más sonrojante involucra a la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG).

El propio ministro confesó la vergüenza que vivió durante la visita de la exembajadora de Estados Unidos, quien tuvo que recordarle a Panamá la deuda pendiente en un programa donde los norteamericanos aportan el 90 % y el país el 10 %. En la actualidad, la deuda acumulada con COPEG asciende a 3 millones de dólares.

Esta mora resulta contradictoria ante la importancia de la planta de COPEG en Panamá, una infraestructura valorada en casi 300 millones de dólares, la cual logró reactivarse del 20 % al 100 % de su capacidad en la presente administración.

Frente al refloramiento de la plaga que ya afecta a la región y ha llegado a Estados Unidos, este país evalúa una inversión de entre 20 y 30 millones de dólares para elevar la producción a 150 millones de moscas estériles semanales sin costo para Panamá, haciendo imperativo que el Gobierno panameño ponga al día su cuota.

Paralelamente, Francisco Ortiz, director de Planificación Sectorial del Mida, confirmó que se realiza una auditoría para desvincular al país de organismos inactivos en sectores como el banano o el azúcar, donde Panamá sigue pagando membresías sin recibir ningún beneficio.

El informe definitivo estaría listo en dos meses y con el mismo se buscará depurar estas fugas presupuestarias para concentrar los recursos en compromisos prioritarios.

"Estamos suscritos a organizaciones que ya no están operando, no recibimos nada y se acumula deuda por la membresía", dijo Ortiz.

De acuerdo con el funcionario, en este momento se evalúan los organismos a los que está suscrito el Mida para ver cuáles realmente son los principales y de cuáles la institución recibe beneficio con respecto a los aportes que hace.

En ese sentido, Ortiz reconoció que desvincularse de esas organizaciones no será fácil; sin embargo, hacen los balances para saber cuánto le cuesta al Estado estar suscrito a esos organismos.

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