Culmina audiencia preliminar en Caso Odebrecht; jueza se acoge a término que le permite la ley para definir
Los representantes de la defensa técnica particular, durante sus intervenciones, solicitaron al tribunal que se dicten sobreseimientos tanto definitivos como provisionales para sus representados, así como el levantamiento de las medidas cautelares que mantienen alguno de ellos.
La audiencia preliminar se desarrolló durante 13 días en la Corte Suprema de Justicia. Foto: Grupo Epasa
Este miércoles 28 de septiembre culminó la audiencia preliminar del Caso Odebrecht, donde la juez Baloísa Marquínez se acogió se acogió al término que establece la ley para calificar el mérito legal del sumario seguido a 49 ciudadanos por su presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales (47 personas naturales y 1 persona jurídica) y corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales (1 persona natural).
En este acto de audiencia preliminar el Ministerio Público, que estuvo representado por los fiscales superiores Mahmad Daud, Ruth Morcillo, los fiscales de circuito Jenisbeth Malek, Thalía Palacios y el fiscal adjunto Olmedo Gómez, y el abogado querellante Carlos Muñoz Pope, en representación del Estado panameño, ponderaron en sus argumentos la acreditación del hecho punible y la vinculación para que se llame a juicio a los investigados.
Por su parte, los representantes de la defensa técnica particular, durante sus intervenciones, solicitaron al tribunal que se dicten sobreseimientos tanto definitivos como provisionales para sus representados, así como el levantamiento de las medidas cautelares que mantienen alguno de ellos.
Al concluir la participación de los representantes de la defensa, la juzgadora concedió el uso de la palabra por espacio de 15 minutos a la fiscal Ruth Morcillo, en representación del Ministerio Público, para que se pronuncie o emita su opinión sobre las incidencias que fueron presentadas la defensa durante los alegatos.
Esta audiencia preliminar se realizó en los estrados del salón de audiencias del Tribunal Superior de Liquidación, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce, en Ancón.
La investigación de este expediente, que consta de 2,757 tomos, con más de un millón 335 mil páginas, comenzó por una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015.
Tras la conclusión de esta audiencia el abogado Alfredo Vallarino, manifestó que ha quedado claro que la Fiscalía nunca ha tenido un delito precedente y que nunca han tenido una cadena de custodia sobre el sistema "Drausi", del cual salen los apodos que se mencionan en el expediente.
Por su parte la abogada Gladys Quintero manifestó que el Ministerio Público no ha quedado bien parado en esta audiencia y valoró que la Fiscalía haya admitido el cambio de medida a favor de su cliente José Alvarez Porta.
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