Fiscalía es cómplice de mafia para inculpar a Ricardo Martinelli

La Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada permitió que detrás de su investigación por el llamado caso New Business se creará una mafia ilegal entre abogados e imputados, solo con la finalidad de tratar de inculpar al expresidente Ricardo Martinelli del supuesto delito de blanqueo de capitales.

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Todo en momentos políticos donde Martinelli marcha como favorito en todas las encuestas de opinión para el cargo de presidente de la República frente a las elecciones de mayo de 2024.

Detrás de la jugada judicial para sacar a Martinelli de competencia se habrían movido más de 4 millones de dólares en pagos irregulares a favor de abogados y sus conexiones con la fiscalía encargada del caso, a través de este mecanismo de extorsión encabezado por William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore, y respaldado por Riccardo Francolini y Henri Mizrachi.

Esta estructura irregular, que penetró al Ministerio Público, tomó forma en agosto de 2020 cuando el empresario Riccardo Francolini convenció a Henri Mizrachi de establecer contactos con el abogado William Moore, por recomendación implícita de otro abogado, David Díaz, quien hasta hacía poco había sido subsecretario general del Ministerio Público en la gestión de Kenia Porcell.

Díaz aún tenía sus lazos de poder dentro del Ministerio Público y es declarado públicamente enemigo personal de Martinelli. Es así que Francolini y Mizrachi lograron entablar un acuerdo económico con Moore, con la promesa de que serían exonerados del caso, a cambio de inculpar a Martinelli del supuesto delito en una transacción comercial que cumplió con todos los requisitos.

La participación de Francolini y Mizrachi incluyó convencer a otros ocho implicados que participaron de la compra del grupo Epasa en 2010, para que cambiaran su versión de los hechos y ahora hicieran señalamientos directos contra Martinelli, sin tener las pruebas y tal como ha salido a relucir en el juicio que lleva la jueza Baloisa Marquínez.

Francolini buscó a todos los que podían rebatir su nueva versión y los agrupó para señalar a Martinelli.

Francolini logró que se reemplazara su nombre por el de Martinelli durante todos sus relatos sobre la compra de Epasa por medio de la sociedad New Business.

Cuando Moore logró entablar el trato con Francolini y Mizrachi, el fiscal Emeldo Márquez asignó al fiscal suplente Gilberto Arona para que le diera formalidad al plan dirigido a incriminar ilegalmente a Martinelli. Para ese entonces ya corría dinero entre los abogados y figuras del Ministerio Público, al punto que Moore, a través de su compañera sentimental, montó un restaurante bar en el sector de Ancón, llamado Fulo's, para facilitar el manejo de tanto efectivo.

Moore designó a su asistente, el abogado Ricardo Gómez, como el enlace con el fiscal Arona. Incluso durante las negociaciones clandestinas, Gómez alardeo haciendo llamadas en el momento al fiscal Arona, frente a los imputados que cayeron en el mecanismo de extorsión.

En su momento, el abogado Eduardo Pinnock, solicitó al jefe del Ministerio Público, Javier Caraballo, que abriera una investigación de manera oficiosa por el tema de los movimientos del abogado Moore era manejado en varios medios de comunicación social; pero el llamado fue ignorado.

Fuentes que estuvieron vinculadas a las reuniones de este grupo, señalaron que Francolini llegó a confesar a algunos de los imputados que a él le había tocado pagar 500 mil dólares por su acuerdo a través de esta estructura. Mizrachi también habría desembolsado importantes sumas de dinero.

El 23 de septiembre, Mizrachi logró que la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada lo excluya de la lista de imputados para quedar como testigo protegido bajo la clave FECDO-01-2020 y rindió su primera ampliación de declaración haciendo señalamientos contra Martinelli, pero sin presentar ninguna prueba.

Igualmente, el 22 de octubre Francolini fue excluido como imputado y se convirtió en el testigo protegido FECDO-10-2020 de la fiscalía.

Entre los señalamientos que tuvo que hacer Francolini para que se le reconociera su acuerdo como testigo protegido se encuentra la siguiente oración: "me tocó presenciar cuando Ricardo Martinelli contactó a diversos contratistas del Estado panameño (Transcaribe Trading, Excavaciones del Istmo y grupo Clio) a quienes le pidió aportes para poder concluir la compra de este medio de comunicación".

Todo fueron acuerdos promovidos directamente por Moore o por el asistente del abogado Ricardo Gómez. Mientras que el resto de los imputados atendidos por Moore recibieron acuerdos de colaboración y se les levantó la imputación para el juicio.

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