Trump revive el temor de los 'Padres Fundadores'

WASHINGTON — Alexander Hamilton fue directo al meollo del asunto. Cuando los legisladores estaban redactando la Constitución de Estados Unidos y su poder para someter a juicio político, uno de los delitos más graves que tenían en mente era ceder ante lo que Hamilton llamaba “el deseo de las potencias extranjeras de tener una influencia inadecuada en nuestros consejos”.

Para los autores de los estatutos del país, había pocas amenazas más grandes que un presidente atado corruptamente a fuerzas extranjeras. Y así, cuando la Cámara de Representantes abrió una investigación para juicio político por las interacciones del presidente Donald J. Trump con Ucrania el 24 de septiembre, el debate se enfocó rápidamente en uno de los temas más antiguos en el experimento democrático de EU.

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La batalla sobre el futuro de la presidencia de Trump explorará como nunca antes los límites de las interacciones de un comandante en jefe con otros países. Sus adversarios hacen eco de los temores de los padres fundadores al acusar a Trump de delitos graves por presionar a Ucrania para que encontrara información perjudicial sobre opositores demócratas mientras retrasaba la ayuda estadounidense. Trump sostiene que someterlo a juicio político infringiría la capacidad de los futuros presidentes de dirigir la política exterior.

A diferencia de las batallas de juicio político contra Andrew Johnson, Richard M. Nixon y Bill Clinton, el debate sobre Trump gira en torno a si un presidente puede solicitar o aceptar ayuda del extranjero para potenciar sus fortunas políticas y dónde se ubica la línea entre el interés nacional y los intereses personales.

“Usar la credibilidad global de Estados Unidos como una ficha de casino que se cobra para beneficio político personal es un abuso de poder intolerable y un anatema total para el estado de derecho”, dijo el Senador Christopher Murphy, demócrata de Connecticut.

Trump ha sostenido que fue él quien intentó detener la participación extranjera ilícita en la política estadounidense al presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que examinara si los ucranianos ayudaron a los demócratas durante la campaña del 2016 y para que investigara las acusaciones de corrupción que involucraban al ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr.

“Si esa perfecta llamada telefónica con el presidente de Ucrania no se considera apropiada, ¡entonces ningún futuro presidente podrá JAMÁS volver a hablar con otro líder extranjero!”, escribió en Twitter el 27 de septiembre.

En los primeros años de la República, uno de los temores más dominantes de la clase política era caer bajo el dominio de otras potencias.

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“Había preocupación, incluso paranoia, sobre la intervención extranjera, sobre una potencia vieja aprovechándose de la gente que no tiene los intereses de un país nuevo”, dijo Corey Brettschneider, académico constitucional de la Universidad de Brown en Rhode Island.

Los legisladores expresaron esto insertando en la Constitución lo que ahora se llama la cláusula de emolumentos, que prohíbe los pagos internacionales o regalos a un presidente u otro funcionario federal de elección popular: “Ninguna persona que ocupe un cargo de lucro o de confianza aceptará, sin el consentimiento del Congreso, ningún regalo, emolumento, cargo o título, de ningún tipo, de ningún rey, príncipe o estado extranjero”.

Otrora un elemento olvidado de la Constitución, ha vuelto a ganar reconocimiento en la era Trump, ya que los críticos del presidente argumentan que ha violado la cláusula de emolumentos a través de hoteles y resorts turísticos de su propiedad que son patrocinados por jeques de Medio Oriente y otros potentados extranjeros.

El concepto de juicio político fue adoptado de Gran Bretaña, donde ha habido muchas desventuras en política exterior.

Los delegados que se reunieron en Philadelphia en 1787 querían crear un ejecutivo más fuerte, pero no un rey inmune a la rendición de cuentas. El reto era averiguar qué desencadenaría la destitución del cargo.

Lo que buscaban evitar era que un presidente abusara del poder para su beneficio personal, y la idea de un presidente que subordinara el bien nacional a intereses extranjeros tenía un lugar prioritario en la lista.

James Madison temía que un presidente pudiera “traicionar su confianza ante potencias extranjeras”, mientras que Gouverneur Morris, de Pennsylvania, estuvo de acuerdo en que necesitaban un recurso para “el peligro de ver al primer Magistrado con un pago extranjero”.

Así que redactaron una cláusula que autorizaba al Congreso a someter a juicio político a un presidente “por traición o soborno”.

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George Mason, de Virginia, argumentó que eso era muy limitado. Propuso agregar “mala administración”. Pero eso le pareció demasiado abierto a Madison, quien se quejó de que eso significaría que un presidente sirviera esencialmente a placer del Senado.

Entonces Mason sugirió “otros delitos y faltas graves”, lo cual fue aceptado por el grupo.

Pero los estadounidenses han estado debatiendo desde entonces lo que califica como un delito grave. Durante la convención de ratificación de Virginia, Edmund Randolph vinculó el juicio político con el dinero extranjero, diciendo que un presidente “puede ser sometido a juicio político” si se descubre que “recibe emolumentos”. Otros dijeron que mentir al Senado sobre información relacionada con un tratado extranjero ameritaría un juicio político.

Esa seguiría siendo una preocupación de los primeros líderes del país. En su discurso de despedida, George Washington habló de “las insidiosas artimañas de la influencia extranjera”, llamándola “uno de los enemigos más nefastos del gobierno republicano”.

El único juicio político que involucró a la política exterior se dio en el caso de un senador, William Blount, acusado en 1797 de tramar la transferencia de partes de Florida y del territorio de Louisiana a Gran Bretaña. La Cámara sometió a juicio a Blount, pero el Senado optó por expulsarlo en lugar de condenarlo en juicio.

Y 222 años después, el Congreso y Estados Unidos se enfrentarán de nuevo a la cuestión de dónde se ubica la línea entre los intereses nacionales y los intereses políticos personales.