Dos semanas para debatir importantes proyectos de ley
El pasado jueves se retornó al Palacio Justo Arosemena y la sesión solo se concentró en el periodo de incidencias.
La semana pasada fue inspeccionado el hemiciclo, tras el sismo. Cortesía
Solo faltan dos semanas para que culmine la primera legislatura del tercer periodo ordinario de la Asamblea Nacional y es poco el tiempo disponible para la discusión en el Pleno de las reformas electorales.
La semana pasada, el Pleno realizó sus sesiones en el Parlatino, en Amador, dando el tiempo para que el hemiciclo de la 5 de mayo fuera inspeccionado, luego del terremoto del pasado 9 de octubre.
El pasado jueves se retornó al Palacio Justo Arosemena y la sesión solo se concentró en el periodo de incidencias y la presentación de un anteproyecto por la presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas.
En toda la semana, la agenda no avanzó al punto que el segundo debate para extender el contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber, que empezó hace dos semanas, no continuó.
En el Orden del Día del Pleno todavía no aparece el proyecto de ley No. 699 que modifica el Código Electoral y que fue aprobado en primer debate el pasado 23 de septiembre.
El jueves 8 de octubre, las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandlero presentaron un informe de minoría sobre el proyecto para la consideración del Pleno, cuando se de el segundo debate.
Las modificaciones introducidas en primer debate ha generado cuestionamientos en varios sectores de la sociedad y los magistrados del Tribunal Electoral se opusieron a varias de esas reformas introducidas en la Comisión de Gobierno.
En la agenda si fueron incluidos dos proyectos presentados por el Gobierno.
En el punto 172, aparece el proyecto No. 662 que ordena el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional, presentado por el ministro de Vivienda, Jaime Jované.
Y en el punto 174 está el proyecto No. 705 que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1997, por la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad.