Denuncias por delitos de estafa aumentan un 20% en el país

Los delitos de estafa continúan aumentando en el país; cifras del Ministerio Público (MP) revelan que, hasta el mes de abril, se presentaron 2,279 denuncias relacionadas con estas faltas, un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 1,895 acusaciones.

Las provincias de mayor incidencia, al igual que en 2025, son: Panamá (1,310), Panamá Oeste (320) y Chiriquí (187); seguidas del distrito de San Miguelito (124), Colón (81), Coclé (75), Herrera (58), Los Santos (48) y Veraguas (44).

Dicho aumento, según diversos expertos, guarda relación con las plataformas digitales, pues se han convertido en el escenario perfecto de quienes se dedican a este tipo de delitos debido a su anonimato, inmediatez y facilidad de plagio; cualquier desconocido puede crear una cuenta de venta de productos o servicios con imágenes, ubicación y precios similares a los de un establecimiento legítimo. Por ello, recomiendan a la población verificar siempre la información de estos sitios antes de acceder a transacciones financieras.

Aunque caer en estas acciones puede generar agobio y desconcierto en las víctimas, Eduardo Rodríguez, analista en estafas y fraudes en línea, menciona que se debe actuar con rapidez para minimizar el impacto, ya sea bloqueando cualquier acceso al atacante o advirtiendo a las entidades financieras sobre el hecho.

La Dirección Nacional de Investigación Judicial de la Policía Nacional, por su parte, aconseja a los ciudadanos abstenerse de realizar pagos por adelantado o abonos sin solicitar un trato personalizado para conocer a la contraparte.

Asimismo, sugieren a los comerciantes esperar la compensación de los bancos antes de entregar la mercancía para evitar pérdidas y presentar las denuncias ante las instancias correspondientes.

El Ejecutivo, recientemente, sancionó la ley No. 524, que modifica artículos del Código Penal sobre el delito de estafa para sancionar a quienes incurran en estas prácticas hasta con doce años de prisión.

La pena, de 3 a 6 años, aumentará hasta un tercio siempre que se comprueben las siguientes agravantes: abuso de las relaciones personales o profesionales, utilización de algún medio cibernético e informático, lesiones patrimoniales superiores a los 50,000 dólares, usurpación de identidad y perjuicio contra la administración pública o un establecimiento de beneficencia.

Las modificaciones al artículo No. 221 del Código Penal también establecen aumentos de pena cuando la lesión patrimonial exceda los cien mil dólares, sea cometida por apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus funciones y ocasione daño a la gobernanza pública superior a $10,000.

Los casos de estafa (2,154) y manipulación de programas informáticos (71) encabezan la lista de denuncias en el MP; no obstante, también se han recibido acusaciones de estafa agravada (37), prenda hipotecaria sobre bienes ajenos (13) y fraude en servicios públicos (4).