Acción contra Epasa levanta alarmas en el país y en el mundo

La libertad de expresión y prensa en el país corre nuevamente peligro ante la decisión de la jueza Baloísa Marquínez del comiso de los bienes y activos del Grupo Editorial Panamá América (Epasa) por parte del Estado, como parte del fallo condenatorio por el caso New Business.

Panamá América, Crítica y Día a Día, diarios que imprime el grupo editorial quedarían amordazados por parte del Estado, repitiéndose la historia de inicios de la dictadura militar, cuando la empresa le fue expropiada a la familia propietaria, en ese entonces.

El ataque a estos derechos inalienables de los ciudadanos ha trascendido fronteras y puesto a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que Grupo Epasa forma parte, en alerta.

"Si bien somos respetuosos de las decisiones judiciales y habrá que esperar por otras instancias de la causa, nos preocupa que los panameños pierdan una fuente importante de información y qué estrategia adoptará el gobierno en caso de que se ratifique la condena de incautación", reaccionó Carlos Jornet, presidente de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El foro regional recordó las advertencias realizadas por directivos de Grupo Epasa durante el gobierno de Juan Carlos Varela, sobre la persecución de su administración, que derivó en la génesis del caso New Business, cuando el diputado oficialista Jorge Iván Arrocha sirviera como vocero para realizar la denuncia en una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional.

"Desde 2017, la SIP vino incluyendo en sus informes de libertad de prensa el conflicto judicial por la compra de Epasa. El caso fue parte de resoluciones y los ejecutivos de Epasa expusieron sus puntos de vista en las asambleas de la organización", registra el comunicado.

Jornet planteó que la SIP estará atenta al desarrollo del caso, vigilará el debido proceso y el papel que el Gobierno jugará sobre el futuro del grupo editorial, así como la transparencia del proceso.

"La propiedad privada de un medio es indispensable para garantizar la libertad de prensa y el derecho del público a la información", resaltó.

A nivel local, el Sindicato de Periodistas también levantó sus sirenas de alarma ante la toma de Epasa por parte del Estado, representado por el Órgano Judicial, mediante este fallo y el riesgo que enfrentan sus trabajadores.

"Ante el resultado del fallo del Caso New Business, estamos vigilantes para que a los trabajadores se les garanticen los puestos de trabajos y demás prestaciones laborales", es la posición del sindicato.

El periodista y abogado Justino González calificó como un precedente funesto para la democracia panameña el comiso de los activos de Epasa, argumentando que como sentencia accesoria era innecesaria y excesiva.

Explicó que ya existía la pena accesoria, también excesiva, que consistía en la multa de $19 millones que le impuso la jueza a Ricardo Martinelli.

"En materia de derecho penal, el fin del comiso es lograr los fines de la pena y este no tiene un fin persuasivo y no aplica a la peligrosidad del imputado, ¿por qué imponer dos penas accesorias?", preguntó González.

Para el abogado, esto demuestra que el interés es tener el control de la posición editorial de los medios de comunicación, críticos de los gobiernos de Varela y Cortizo.

"Desde ese punto de vista, debe ser visto la peligrosidad de esta decisión jurisdiccional, que atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo", consideró el profesional del derecho.

Carlos Carrillo, del equipo legal de Ricardo Martinelli, dijo que no hay manera de justificar atentar contra un medio de comunicación que no ha participado en el juicio de New Business.

"Como se va afectar a Epasa si ni siquiera fue llamada al proceso y ahora se le está decomisando los bienes", expresó.

El abogado calificó como un ataque a la libertad de expresión que en un periodo electoral se esté afectando a tres medios de comunicación social por intereses de afectar una candidatura presidencial.

"Es lamentable condicionar un proceso judicial a términos electorales. Eso demuestra que la prioridad en este caso es una carrera entre los términos de ley y los términos del Código Electoral", sostuvo.

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