Reforma a ley de contrataciones debe generar confianza a proveedores y ciudadanos

Las modificaciones que presentará el Gobierno a la ley de contrataciones públicas, a juicio de Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), deben fortalecer la transparencia, prevenir conflictos de intereses y garantizar procesos más eficientes, competitivos y confiables.

Mencionó que este sistema, además de generar confianza a los proveedores del Estado, debe asegurar a los ciudadanos que sus recursos son administrados con integridad; para ello, es indispensable que existan reglas claras e igualdad de condiciones para todos los participantes.

Sostiene que uno de los principales cambios que requiere esta normativa es identificar con claridad quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que reciben contratos con el Estado, información a la que no se tiene acceso actualmente y que ha facilitado, en algunos casos, esquemas de posible corrupción y conflictos de intereses, especialmente cuando familiares o personas allegadas a funcionarios políticos forman parte de las empresas beneficiadas con estos contratos, pues, aunque existe la obligación de declarar a los beneficiarios finales ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), estos datos no son verificables ni están integrados al Registro Único de Beneficiarios Finales.

"Esta falta de coordinación entre ambas herramientas reduce la capacidad del Estado para detectar y prevenir posibles irregularidades", dijo a Panamá América.

La presidenta de Apede reiteró, en ese sentido, que la reforma a la ley No. 22 de junio de 2006 constituye una oportunidad para fortalecer la transparencia, alinearse con las mejores prácticas internacionales promovidas por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Transparencia Internacional, y promover una competencia más justa.

La iniciativa del Ejecutivo, según Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, busca establecer nuevos parámetros para que los contratistas no utilicen las acciones de reclamo a las que tienen derecho en una licitación como una herramienta de dilatación para retrasar el proceso, afectando la ejecución de proyectos necesarios en el país.

La propuesta se encuentra en su fase final de elaboración, por lo que se prevé que será presentada a la Asamblea Nacional durante el mes de agosto para su discusión en los debates correspondientes.

Aunque Orillac no entró en detalles sobre los cambios que se introducirán, dejó claro que uno de los principales propósitos de esta iniciativa es impedir la prolongación innecesaria de este procedimiento en perjuicio de la población, pues muchos proyectos prioritarios se atrasan debido a esta práctica.

"Es importante que quien vaya a presentar un reclamo lo haga en debida forma y no simplemente para dilatar el proceso porque no se vio beneficiado", subrayó.

Los diputados han presentado seis iniciativas para modificar la ley; cuatro de ellas se encuentran en segundo debate, una fue negada y otra enviada a subcomisión, cuyo propósito es establecer plazos máximos de pago a las micro, pequeñas y medianas empresas y crear un listado digital de personas condenadas y sancionadas por delitos contra la administración pública con la finalidad de que no puedan contratar con el Estado.