Urge aprobar proyecto de ley que aumenta penas en Panamá por los delitos ambientales
El crimen organizado a nivel mundial, relacionado con delitos ambientales, aumentó el valor de sus ganancias en un 27% en los últimos años, lo que representa unos 258 mil millones de dólares.
En Panamá, la tala ilegal de árboles y el tráfico de especies en vías de extinción, son los delitos más comunes. Foto: Archivo
El aumento de los delitos ambientales en el país revive el debate sobre la necesidad de aumentar las penas por esta conducta delictiva.
Estadísticas del Ministerio Público señalan que hasta el 30 de junio pasado se habían investigado 278 delitos ambientales, 116 contra los recursos naturales, 23 contra la vida silvestre, cinco contra el urbanismo territorial y 134 contra animales domésticos.
La semana pasada, el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, clamó ante la Comisión de Población y Ambiente de la Asamblea Nacional por la aprobación del proyecto de ley 516, que aumenta las penas por delitos ambientales en Panamá.
En la Asamblea está pendiente de discusión en segundo debate este proyecto de ley, que adiciona artículos al Código Penal y modifica el Código Procesal Penal.
Concepción dijo a los diputados que es necesario aumentar las penas para evitar que se siga destruyendo el medio ambiente.
"Tenemos un problema, la Policía sorprende a quienes delinquen tumbando bosques o traficando especies en vía de extinción, van al Sistema Penal Acusatorio, dos o tres años de reclusión y al poco tiempo salen con una multa. Eso no lo podemos permitir", enfatizó el titular.
Llama la atención de las estadísticas de la Procuraduría de la Nación que el mayor aumento de delitos ambientales en lo que va del año se registra en Veraguas, con un 183%.
Le siguen Darién, con 157%; San Miguelito, 125%; la comarca Ngabe Buglé, con 100%; y Colón, con 88%.
Mano dura con el crimenEl proyecto de ley 516 establece penas de entre 20 a 30 años de prisión, cuando el delito ambiental lo cometa un defensor de derechos humanos o ambientales en funciones.
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Además, plantea penas de entre seis y doce años cuando más de tres personas se asocien para cometer el delito de tráfico de flora y fauna silvestre.
Y quienes, obviando las normas de protección vigente, extraigan, exploten, exploren, contaminen o degraden los recursos naturales, recibirían una pena de cinco a ocho años.
Esta será aumentada cuando se destruyan áreas costeras o humedales y, entre otras, zonas declaradas de valor biológico, histórico, arqueológico, científico o de reserva indígena.
También se aumentan las penas por la construcción de biques que impidan el libre flujo del agua o el desvío de caudales, para quienes transporten o manipulen irresponsablemente sustancias peligrosas y a los que vendan o endosen permisos especiales de aprovechamiento de recursos naturales o de subsistencia.
Los taladores de árboles que tengan permisos para esta actividad no podrán excederse de las cantidades aprobadas, de lo contrario podrían ser sancionados con penas de entre cuatro a seis años.
No se salvan del aumento de penas los que provoquen incendios forestales en el país. Estos recibirían penas de entre dos y cuatro años de prisión o su equivalente en multas.
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