Cada panameño ha dejado de percibir cerca de $1,000 tras cese de Cobre Panamá
Hoy, a más de un año del cese de operaciones de Cobre Panamá, las cifras comienzan a reflejar el alcance nacional del impacto económico.
Antes de su paralización, Cobre Panamá representaba cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país. Archivo
A finales de 2023 cuando la operación minera de Donoso se detuvo, el impacto inmediato se sintió primero en las comunidades cercanas: proveedores frenando contratos, comercios viendo caer el movimiento económico y cientos de empresas ajustando operaciones ante uno de los cierres más abruptos de la economía panameña en los últimos años.
Con el paso de los meses, el efecto dejó de ser únicamente regional.
Hoy, más de un año después del cese de operaciones de Cobre Panamá, las cifras comienzan a reflejar el alcance nacional del impacto económico.
Panamá ha dejado de percibir alrededor de 3,500 millones de dólares entre 2024 y 2025 debido a la paralización de la mina. La cifra incluye aproximadamente 1,100 millones de dólares en impuestos y regalías que el país dejó de recibir, según estimaciones divulgadas recientemente por First Quantum Minerals en su informe de transparencia.
El monto acumulado equivale a cerca de $1,000 dólares por ciudadano panameño y refleja la magnitud del movimiento económico que generaba la operación minera en empleo, proveedores, actividad comercial, recaudación estatal y consumo interno.
Antes de su paralización, Cobre Panamá representaba cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país y era uno de los principales motores de exportación y compras locales de Panamá.
La salida de la operación minera coincidió posteriormente con una desaceleración económica que comenzó a reflejarse en indicadores de crecimiento, inversión y finanzas públicas.
Datos oficiales mostraron que la economía panameña creció 2.9% en 2024, una caída importante frente al 7.4% registrado el año anterior. Analistas y organismos internacionales vincularon parte de esa desaceleración al cierre de la mina.
El impacto también comenzó a aparecer en las evaluaciones internacionales sobre Panamá.
En noviembre de 2024, S&P Global Ratings redujo la calificación soberana de Panamá a BBB-, citando un deterioro en la flexibilidad fiscal, mayores presiones financieras y un aumento en la vulnerabilidad económica del país.
Por su parte, Moody's Ratings cambió la perspectiva de Panamá de estable a negativa, advirtiendo sobre el deterioro fiscal y las dificultades para estabilizar las finanzas públicas.
Incluso entidades financieras internacionales comenzaron a evaluar el posible efecto positivo de una eventual reactivación minera.
Recientemente, Bank of America destacó favorablemente el potencial impacto económico que tendría una reactivación de Cobre Panamá sobre el crecimiento del país y la percepción de los inversionistas internacionales.
Solo en 2025, First Quantum estima que la operación habría aportado al menos 1,800 millones de dólares a la economía panameña si hubiese continuado operando bajo el régimen previo a la suspensión.
La cifra incluye más de 600 millones de dólares en ingresos gubernamentales, más de 250 millones en salarios y cerca de 930 millones en compras y contratos con proveedores locales.
Detrás de esos números hay empresas de transporte, alimentación, construcción, logística y servicios que dependían parcial o totalmente de la actividad minera.
En paralelo, el debate nacional alrededor del futuro de la mina también ha comenzado a mostrar cambios.
Encuestas recientes de Gallup reflejan que un 55% de los panameños favorece encontrar una salida que permita reactivar el proyecto bajo nuevas condiciones, en medio de preocupaciones crecientes relacionadas con empleo, crecimiento económico e inversión.
Actualmente, la mina permanece en estado de preservación y gestión segura. Sin embargo, First Quantum Minerals confirmó que mantiene conversaciones con el gobierno del presidente José Raúl Mulino sobre el futuro de Cobre Panamá y una posible solución de largo plazo que permita reactivar el proyecto bajo nuevos estándares ambientales y sociales responsables.