Cobran multa impuesta en 2014 por contaminación al río La Villa
La sanción fue establecida mediante la Resolución AG-0688-2014 del 3 de octubre de 2014, que fijó una multa por $608,930.44.
La multa se dio por la contaminación con vinaza a la fuente hídrica del río La Villa. Foto: MiAmbiente
El Ministerio de Ambiente cobró el total de una multa impuesta en 2014 a la empresa Campos de Pesé, S.A. (provincia de Herrera) por contaminación con vinaza a la fuente hídrica del río La Villa.
La sanción fue establecida mediante la Resolución AG-0688-2014 del 3 de octubre de 2014, que fijó una multa por $ 608,930.44, tras comprobarse la afectación a la fuente hídrica.
A pesar de que la empresa interpuso recursos ante instancias judiciales, la sanción se mantuvo sin modificación; pero, el pago no se hizo efectivo en ese momento.
En diciembre de 2025, la Dirección Regional remitió el expediente al Juzgado Ejecutor del Ministerio de Ambiente para iniciar el proceso de cobro coactivo.
Una vez recibido, se emitió el mandamiento de pago y se activaron las medidas legales correspondientes.
Como parte de estas acciones, se enviaron oficios a entidades bancarias e instituciones gubernamentales, incluyendo la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, logrando el secuestro de 69 vehículos pertenecientes a la empresa, así como una cuenta de una entidad bancaria.
Estas medidas permitieron que la empresa cancelara la totalidad de la multa, cuyo monto actualizado ascendió a $669,823.48, pago que se hizo efectivo el 11 de febrero del presente año.
Con este resultado, el Ministerio de Ambiente, a través de su Juzgado Ejecutor, logra concretar el cobro de una sanción que permanecía pendiente desde 2014.
La activación del proceso de ejecución coactiva permitió hacer efectivo el pago total de la deuda en un plazo de dos meses desde su ingreso, fortaleciendo la capacidad institucional para garantizar el cumplimiento de las sanciones ambientales.
El Ministerio de Ambiente exhorta a las empresas que mantienen obligaciones pendientes con la institución a regularizar su situación de manera voluntaria, a fin de evitar la aplicación de medidas de ejecución coactiva que puedan implicar acciones más restrictivas conforme a la ley.